El Parlamento reformó 2 de cada 3 leyes aprovechando el trámite de presupuestos

La actividad legislativa del Parlamento gallego ha tocado a su fin en lo que concierne a este año 2019 y el balance que deja a primera vista es más bien discreto: nueve leyes aprobadas, menos de una al mes, sobre un total de 26 proyectos legislativos debatidos. Pero esta solo es la actividad ordinaria, por así decirlo, de la Cámara autonómica, pues también fueron revisadas otras 32 normas y decretos por la puerta trasera de los Presupostos de la Xunta para el 2020, bajo la percha de la llamada ley de acompañamiento, que lo mismo modificó una vez más la Lei do Solo de Galicia del 2016 que la de Patrimonio Natural, que databa del pasado mes de julio y que apenas había tenido tiempo para su entrada en vigor.

Entre las leyes impulsadas este año por el Gobierno gallego siguiendo el procedimiento legislativo ordinario están, aparte de los presupuestos y la ley de medidas fiscales y administrativas que los acompañan, la Lei 1/2019 de Rehabilitación, Rexeneración e Renovación Urbana de Galicia, así como la ley de administración digital, y la de ordenación farmacéutica, que permite abrir sucursales de las farmacias matrices en un mismo municipio.

Fue aprobado, asimismo, otro texto normativo dirigido a garantizar el abastecimiento de aguas en episodios de sequía y de riesgo sanitario, aparte de la Lei 5/2019 de Patrimonio Natural e da Biodiversidade de Galicia y la de aprovechamiento lúdico de las aguas termales, es decir, todas aquellas que quedaban fuera de la regulación que ya se aplicaba a las aguas terapéuticas de los balnearios.

Completa el balance el texto normativo impulsado por el Gobierno de Feijoo para poder utilizar buena parte de los 125 millones de euros del superávit que generaron las cuentas de la Xunta en el 2018. Esta reforma se tramitó por el procedimiento abreviado de la lectura única, que recorta a menos de la mitad los plazos, con el fin de liberar nuevos recursos para reforzar las políticas de ámbitos como la educación y la atención primaria.

Las reformas legislativas restantes, un total de 32, se hicieron de una tacada a través de la ley de acompañamiento de los Presupostos de la Xunta, una vía que suele ser muy cuestionada por los grupos de la oposición debido a que tiene mayor capacidad para eludir los controles y de evitar reparos con otros dictámenes paralelos que se suelen emitir de órganos consultivos como el Consello Económico e Social (CES), la memoria económica o el informe preceptivo en materia de igualdad.

El propio Tribunal Constitucional se pronunció varias veces sobre la proliferación del uso de las leyes de acompañamiento a los presupuestos, tanto en el ámbito del Estado como a nivel autonómico, y determinó que es un procedimiento legislativo correcto siempre y cuando exista una «relación directa» entre los ingresos y gastos que se aprueban y las normas que se reforman.

Así que en la exposición de motivos de la ley de acompañamiento de Galicia se hace especial hincapié en las «modificacións puntuais» que han de sufrir varias leyes y decretos autonómicos para acomodarse a las nuevas medidas fiscales y administrativas parejas a las cuentas.

De este modo se modificaron la Lei de Emprego Público, la del Consello de Contas, la de protección ambiental, la del paisaje, la del suelo, la de carreteras, la de puertos o la de caza, y decretos como los que regulan el reconocimiento de las personas con algún grado de dependencia o la inspección de servicios sociales.

El grupo del PSdeG fue el más prolífico en el impulso normativo, seguido de cerca por el BNG

Todos los grupos del Parlamento gallego tuvieron este año la oportunidad de demostrar su capacidad legisladora con el impulso de proyectos propios, que no llegaron a tramitarse, pero que sí dieron pie a que se celebraran debates en pleno sobre materias tan diversas como la transferencia de competencias en materia de tráfico, la memoria histórica o la restitución del impuesto sobre el patrimonio que demandó el Grupo Mixto de En Marea.

El grupo del PP, que sustenta al Gobierno de la Xunta, fue el único que no registró en el 2019 ningún proyecto legislativo, pues suele asumir como propio los que remite a la Cámara el Ejecutivo autonómico.

En cuanto a las fuerzas de la oposición, la más prolífica fue el PSdeG-PSOE, que impulsó seis proyectos legislativos, seguido muy de cerca por el BNG, con un total de cinco. El Grupo Mixto que dirige Luís Villares impulsó otros cuatro textos y el Grupo Común da Esquerda, uno, para reformar la Lei de Xogos e Apostas de Galicia. También impulsó uno En Marea antes de su fractura en el mes de mayo.

Las iniciativas legislativas del PSdeG apostaron por la regulación de los lobbys o el traspaso a Galicia de las competencias de tráfico, mientras que las del BNG demandaron el traspaso del Salvamento Marítimo o una tarifa eléctrica gallega. Ambos presentaron por separado leyes para reformar la atención primaria.

También se debatió una iniciativa legislativa popular relativa al aprovechamiento de los saltos hidroeléctricos, pero no fue aceptada a trámite.