Universidades pide a las autonomías un precio de matrícula que Galicia ya aplica

El Ministerio de Universidades propuso ayer a las comunidades fijar como precio máximo de la primera matrícula de grado el que había en el curso 2011-2012. Ante esta propuesta, la conselleira de Educación, Universidad y Formación Profesional de la Xunta, Carmen Pomar, reaccionó destacando que en Galicia ya se aplica el precio de tasas universitarias que propone el Gobierno central, ya que los precios públicos de la matrícula universitaria llevan congelados precisamente desde el curso 2011-2012. Pomar recuerda, por tanto, que la propuesta que el Ministerio de Universidades planteó en la Conferencia General de Política Universitaria ayer en Galicia ya lleva aplicándose nueve años.

En este sentido, y ante de la eventual puesta en marcha de compensaciones, tal y como reclamaron otras comunidades autónomas, Carmen Pomar exigió que se tenga en cuenta el esfuerzo presupuestario realizado por Galicia en estos nueve años en los que se mantuvieron congelados los precios. Tras el esfuerzo realizado por las arcas autonómicas gallegas, la Xunta no está de acuerdo en que comunidades que tenían hasta el momento precios más altos reciban compensaciones por rebajarlos de cara al próximo curso, mientras que Administraciones como la gallega, que llevan casi una década apostando por la contención, no vean compensado este trabajo.

El ministro Manuel Castells pidió ayer a las comunidades autónomas que calculen el coste que les supondría reducir el próximo curso el precio de la primera matrícula de grado para valorar con el Ministerio de Hacienda la viabilidad de esta medida, que supondría una pérdida de ingresos para las comunidades autónomas.

Según explicó Castells, el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero requiere estas cifras para compensar presupuestariamente a las comunidades. «No me han dicho que sea imposible, pero necesito el numerito», aseguró Castells. «Al trato que hemos llegado con las comunidades es que me dan un numerito y yo hablo con Hacienda para ver hasta dónde podemos llegar», añadió. De ahí que la Xunta pida sumarse a esas compensaciones en el caso de que se pongan en marcha.

En cualquier caso, el ministerio se comprometió a enviar por escrito la próxima semana la propuesta de fijación de precios máximos de primera matrícula de grado con el fin de que las comunidades muestren o no su conformidad y hagan los pertinentes alegatos al respecto.

El objetivo del ministerio es reducir este primer año las tasas de primera matrícula de grado, para continuar en próximos cursos rebajando progresivamente el resto de las tasas de grado y tasas de las enseñanzas de máster, apuntan desde Universidades, hasta recuperar los precios por crédito que existían en el curso 2011-2012. Desde entonces, asegura el Gobierno, el precio medio se ha encarecido un 17 %.

Con ese propósito, este pasado martes se aprobó en el Consejo de Ministros la derogación del sistema de horquillas para precios públicos de matriculación en las enseñanzas universitarias implantado en el 2012, que suponía un escollo, según el ministerio, «para poder trabajar con todas las comunidades autónomas una bajada progresiva de las tasas a niveles previos al 2011 que beneficie al estudiantado y su acceso a la universidad».

Otro de los objetivos que se marca el departamento de Castells es armonizar el coste de la universidad para los estudiantes ante la disparidad actual de precios entre comunidades autónomas. «Esta desigualdad territorial en la fijación de precios públicos también genera problemas de equidad en el acceso a los estudios universitarios», afirman desde el ministerio.

Según los datos oficiales, en el curso 2019-2020 el precio medio del crédito universitario de grado en primera matrícula es de 17,03 euros, aunque oscila entre comunidades. Mientras en Cataluña o Madrid se supera esta media, Andalucía o Galicia mantienen precios más bajos que el resto.

Carmen Pomar también urgió a Castells a fijar los criterios para las becas del próximo curso, que deberán tener en cuenta las situaciones personales del alumnado derivadas de la crisis del covid-19, tales como la pérdida de ingresos o la enfermedad de un familiar, así como los nuevos plazos de matrícula.