La familia de Diego Bello asegura que la Audiencia ha archivado el caso y presentan un recurso «para limpiar su nombre»

Presentaron la denuncia en el juzgado de guardia de A Coruña que lo derivó a Madrid tras inhibirse a su favor. Entonces, el caso de Diego Bello Lafuente (A Coruña, 1987) pasó a manos del juzgado número 3 de la Audiencia Nacional. Desde su muerte, el miércoles 15 de enero durante una operación policial en la isla filipina de Siargao, situada a 800 kilómetros del sureste de Manila, esperaban algún paso adelante. Ha sucedido justo lo contrario.

Coincidiendo con el inicio de estado de alarma, a mediados de marzo la familia de Bello se enteró de que, pese a la apertura de diligencias, «el fiscal presentó un escrito, al que aún no hemos tenido acceso, por el que archivaron el caso por falta de competencia de la Audiencia Nacional para investigarlo», apunta Guillermo Mosquera, el abogado de A Coruña contratado por los padres de Bello.

«Sí, es así, lo han archivado», asiente también al teléfono su hermano, Bruno. «No esperábamos una negativa tan inmediata. El archivo es provisional, por lo que hemos presentado un recurso. Es cierto que desde el 2014 en España un juez no puede investigar un crimen internacional (el Congreso, con los únicos votos del PP,  aprobó la ley que limita la justicia universal), pero hay una excepción a la que apelamos: el tráfico de drogas, si que en verdad existía esa cuestión. Por esta vía sí que es competente la Audiencia», avanza el abogado.  

Como las autoridades filipinas justificaron los disparos que acabaron con la vida del empresario gallego asentado en su país esgrimiendo que mostró resistencia y era un traficante, la acusación pretende tirar de este hilo para desmontar su tesis. «El informe previo de toxicología, que se hizo con una muestra de cabello de Diego, dio como resultado que no consumió ningún tipo de sustancia en los seis meses previos a su muerte», insiste Mosquera. Aunque de momento tampoco han recibido los resultados de la autopsia, «los informes preliminares descartaron la presencia de pólvora en sus manos, con lo que también se desmiente que estuviera armado y los policías actuaran en defensa propia».

«Solo queremos esclarecer los hechos y limpiar el nombre de Diego. Lo que ocurrió fue una ejecución extrajudicial, como muchas de las que hay en el país», remarca el letrado. La decisión de la Audiencia ha abatido a la familia que no tira la toalla. «Si se desestima este primer recurso, presentaremos otro ante el Tribunal Supremo. Vamos a agotar toda la vía judicial posible». 

Más causas

La española no es la única causa que investiga el homicidio del coruñés. «Estamos en contacto con el embajador español en Manila, siguen presionando a las autoridades del país, pero están bajo mínimos. El covid ha afectado a todo», admite Mosquera. Con todo, no quieren prescindir del procedimiento judicial en España.