Las concesionarias de autopistas sopesan llevar al Gobierno a los tribunales por la compensación por el estado de alarma

Las sociedades concesionarias de las autopistas de peaje barajan llevar al Gobierno a los tribunales por tratar de recortar la eventual compensación que les corresponda por el impacto ocasionado por la crisis al cambiar «por sorpresa» mediante un real decreto el sistema para determinar estas compensaciones. Así lo indicó la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), para quien esta modificación constituye una «vulneración de derechos y principios constitucionales, como son los de seguridad jurídica, igualdad de trato y no confiscación de bienes y derechos».

«Se trata de un cambio de las reglas del juego a mitad de partido y de reinventar lo ya inventado para beneficiar a una de las partes», indicó a Europa Press el presidente de la CNC, Juan Francisco Lazcano, quien asegura que la modificación arroja una «merma importante», en las posibles compensaciones. «Aboca a las empresas injustamente perjudicadas a acudir a los tribunales para la defensa de sus derechos», aseguró.

El Gobierno introdujo un artículo que fija las condiciones por las que las autopistas de peaje pueden reclamar compensaciones por la crisis. A pesar de los desplomes de tráfico de más del 80 % registrados por el confinamiento, si estas empresas tienen un margen de explotación positivo no podrán ser indemnizadas. En caso de que este margen sea negativo, se le compensará para que el balance quede a cero o para cubrir la diferencia con el del mismo período del año anterior.

Aumento de la concesión

Además, dicha compensación se realizará mediante un aumento del plazo de concesión de la vía que, en ningún caso, «podrá exceder la duración del estado de alarma», esto es, unos tres meses.

Abertis, Itínere -donde está Audasa- y Cintra (Ferrovial), junto con fondos internacionales, son actualmente los principales concesionarios de autopistas del país.