La oposición se planta y pide a Hacienda que retire el decreto para disponer del superávit de los concellos

La sesión de la Diputación Permanente celebrada este martes en el Congreso sirvió para escenificar la soledad en la que se encuentra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y por extensión el flanco socialista del Gobierno, en su intención de convalidar el decreto pergeñado con la FEMP para disponer de buena parte de los 14.000 millones de euros de superávit generado por los ayuntamientos, y que no pueden gastar por el corsé impuesto por la Ley de Estabilidad Presupuestaria del 2012.

Todos los grupos de la oposición, desde el PP a Ciudadanos, pasando por Vox, Esquerra, JxCat, Bildu, el PNV o el BNG, reclamaron al Gobierno que retire de la agenda del Congreso el decreto ley aprobado el pasado 5 de agosto, y del que incluso se ha desmarcado la formación Unidas Podemos, socio del PSOE en el Ejecutivo. De hecho, el presidente del grupo morado, Jaume Asens, llegó a admitir que el pacto sellado por Hacienda con la FEMP para disponer de los remanentes municipales «es poco coherente» porque impide que los ayuntamientos usen sus propios ahorros.

Y es que la convalidación del real decreto, cuya mayoría no está asegurada, facultaría a Hacienda para hacerse, como una especie de préstamo, con el superávit que los concellos tienen depositados en bancos, y se los devolvería en los próximos 10 años para que los pudieran invertir en acciones muy acotadas.

El PP considera que esta cesión de los remanentes supone «requisar» recursos que pertenecen a los propios ayuntamientos, y no al Gobierno. El diputado lucense Jaime Olano, vicesecretario de la dirección nacional, informó ayer que su grupo pidió la comparecencia urgente de la ministra Montero, aprobada por unanimidad, para explicar en comisión el contenido de un decreto al que los populares solo le ven lagunas. «Los ayuntamientos que no tienen remanentes», que son en torno a 3.500, «quedarían desprotegidos», pues la inyección de fondos del Gobierno es en realidad una devolución y solo beneficiaría a los prestatarios, no al conjunto de concellos.

También el diputado del BNG Néstor Rego reiteró su rechazo al decreto que, a su entender, «penaliza aos concellos con mellor xestión, os que xeraron superávit, pois agora confiscaríanlle os recursos». Cree que lo que hay que cambiar en la ley del 2012 que impide gastar estos remanentes, mientras el portavoz del PNV, Aitor Esteban, invitó al Gobierno a pasar ya página y promover un nuevo decreto.