Duro revés al Gobierno tras el rechazo a quedarse con los ahorros de los municipios

Por quinta vez en la historia de la democracia, y por segunda vez al presidente Pedro Sánchez, el Congreso tumba un decreto del Ejecutivo. Las negociaciones de los socialistas para sacar adelante el pacto firmado con la FEMP para el uso de los remanentes de los municipios solo sirvieron para convencer a sus socios de gobierno, que a su vez tuvieron que asegurar el apoyo de última hora de los comunes de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. La votación se saldó, como esta previsto, con el rechazo mayoritario de la Cámara: 194 votos en contra frente a 156 síes, los diputados del Gobierno más Tomás Guitarte, de Teruel Existe.

El debate sobre el acceso al ahorro de los ayuntamientos se enquista, puesto que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reiteró que tras la derogación del decreto no habrá más propuestas desde el Gobierno y aguardará a que sea la oposición quien presente una alternativa. Estos, a su vez, reclaman que sea el Ejecutivo quien vuelva a desarrollar ese plan. Fuentes de Hacienda argumentan que se ofreció tramitar el acuerdo con la FEMP como proyecto de ley con modificaciones de los grupos y que estos, sin embargo, lo han rechazado en el Congreso, por lo que entienden que deberán ser ellos quienes hagan esa nueva oferta para desbloquear los 15.000 millones de euros que los ayuntamientos guardan en los bancos, 1.300 en Galicia.

La intención del Ministerio pasaba por que los municipios saneados cediesen voluntariamente sus ahorros al Gobierno durante un máximo de quince años a cambio de un anticipo, a fondo perdido, de 5.000 millones de euros. Alcaldes de grandes ciudades y todos los signos políticos -hubo incluso regidores socialistas que mostraron dudas, como el santiagués Sánchez Bugallo- se rebelaron contra el acuerdo, al entender que ese flujo de liquidez debería repartirse entre todos los ayuntamientos por criterios de población. Montero terminó presentando un documento en el que 3.000 millones del fondo inicial de 5.000 se distribuyesen, sin distinción, a los municipios, solución que resultó insuficiente. 

Sin plan alternativo

Esos 15.000 millones de euros de remanentes municipales permanecerán bloqueados siguiendo los criterios de la Ley de Estabilidad, aprobada en el 2012 por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. El propio exdiputado popular defendió el miércoles la suspensión de la norma, conocida popularmente como Ley Montoro, ante las «extraordinarias circunstancias» derivadas de la pandemia, punto que facilita la propia regulación en uno de sus artículos.

Hacienda incluía en el decreto la paralización de la regla de gasto y se comprometía a incluir una prórroga en los Presupuestos del próximo año. La no convalidación del decreto deja sin alternativas a María Jesús Montero, que apunta ahora a la «responsabilidad de la oposición» para presentar una nueva propuesta que permita acceder al superávit de los municipios.

Una negativa con consecuencias más políticas que económicas

El Congreso confirmó una derrota para el Gobierno prevista desde el acuerdo firmado con la FEMP, que se aprobó con el voto de calidad de su presidente, Abel Caballero.

¿Cuál es el origen del decreto rechazado?

Desde el 2012, el ahorro que hayan generado los municipios está bloqueado por las normas de techo de gasto contempladas por la Ley de Estabilidad. Hacienda ideó una propuesta en la que los ayuntamientos prestasen sus remanentes —unos 15.000 millones de euros— que serían devueltos, de forma íntegra y solo a los ayuntamientos con ahorros, en un plazo máximo 15 años. A cambio recibirían también un préstamo, a fondo perdido, de 5.000 millones. Tras semanas de negociaciones, la FEMP terminó firmando el acuerdo, aunque con solo un voto de diferencia, el ejercido por su presidente. El rechazo de la mayoría de partidos y la rebelión de varios alcaldes evidenció que el decreto no saldría adelante.

¿Cómo afecta a las cuentas del Estado el bloqueo de los 15.000 millones?

Hacienda responde que esta negativa no afecta al déficit del Estado y que, además, el decreto ya contemplaba una entrega de 5.000 millones de euros que supondrían incurrir al déficit. El director de la fundación de estudios económicos Fedea, Ángel de la Fuente, apunta que las consecuencias al rechazo del decreto «son políticas, no económicas». Expone que el Gobierno cuenta con más fórmulas para acceder a esos 15.000 millones, como pedir financiación al Banco Central Europeo. En cuanto a los ayuntamientos, el economista entiende que existen ahora dos problemas: «Facilitar el acceso a los remanentes y considerar si necesitan o no ayudas». En su opinión, son cuestiones diferentes «que no conviene mezclar». Además, considera que muchos municipios han tenido «una situación económica buena» en los últimos años y no «deberían tener tanta urgencia por necesitar» ese superávit.

¿Qué pasa con la Ley de Estabilidad?

Cristóbal Montoro, impulsor de la ley, reclamó esta semana suspender la regla de gasto ante la situación actual. El Gobierno planteaba en su decreto dejarla sin efecto dos años pero, tras el rechazo a la norma, los ayuntamientos seguirán sin poder usar sus remanentes. De la Fuente apoya flexibilizar la ley y califica de «lógico» suspenderla en estos momentos. 

Caballero critica perder en un día 15.400 millones, Baltar habla de «victoria do municipalismo» y Lores aplaude la votación

«Decisión enormemente dañina y negativa para los ayuntamientos de España». Así calificó Abel Caballero, alcalde de Vigo y presidente de la FEMP, el rechazo del Congreso al decreto sobre el uso de los remanentes. El regidor socialista criticó que el día de ayer empezó con 15.400 millones de euros para los municipios y terminó con «nada» tras la votación. «La decisión es legítima, pero no para los intereses de los ayuntamientos», que reprochó que se esté «castigando a casi 8.000» entidades locales. «Ese dinero [los remanentes] está preso, y aún encima pagamos al banco para mantenerlo. La votación fue para dar el dinero a los bancos», reiteró.

Caballero se refirió a los aplausos del líder de la oposición en el Congreso, Pablo Casado, tras la votación. «¿Lo hacía por una derrota política al Gobierno? Eso a los ayuntamientos nos da igual. Lo que nos importa es que nos quiten 15.400 millones de euros», protestó el presidente de la FEMP, cuyo voto de calidad había aprobado el acuerdo con Hacienda sobre el uso del superávit a principios de agosto. Caballero invitó a los partidos que se presentan en su ciudad a «venir aquí» y «explicar por qué están contentos», refiriéndose a los votos contra el decreto de PP, BNG, Ciudadanos y Vox.

Las primeras reacciones en Galicia llegaron desde Pontevedra, donde el alcalde nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores, que gobierna con el PSOE, valoró que se tumbase la propuesta del Ejecutivo porque «non se negociou con todos». «Excepto o PSOE, hai unanimidade do resto de forzas políticas en contra do decreto. Os alcaldes, que somos os directamente afectados, estamos maioritariamente e contra», explicó, informa Serxio Barral. «Desde o meu punto de vista o que hai que facer é derogar a lei Montoro», añadió.

En este último punto se expresó el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias y alcalde de Vilagarcía, el socialista Alberto Varela. «O decreto debatido non a derogaba, pero trataba de solventar técnicamente as limitacións desa lei e abría a posibilidade de que os concellos recibiramos fondos extraordinarios. É dicir, abría o grifo da liquidez. Agora, volvemos a ficar sen poder empregar os remanentes», lamentó. En Lugo, cuyo concello presenta unas cuentas sin deuda, la socialista Lara Méndez condenó haber perdido la «oportunidade» de que los concellos gasten sus remanentes. El santiagués Xosé Sánchez Bugallo, también del PSOE, lamentó que el Congreso no fuese capaz de negociar otra alternativa que mejorase el decreto.

El presidente de la Diputación de Ourense, el popular Manuel Baltar, reivindicó una «gran victoria do municipalismo español», mientras que el alcalde de la ciudad, Gonzalo Pérez Jácome, consideró «muy satisfactorio» el rechazo al plan del Gobierno.