El clan Miñanco se juega su inmobiliaria de 10 millones de euros el 6 de abril en el Tribunal Supremo

Sito Miñanco, su exmujer, una hija, una excuñada y un viejo amigo, oriundo de Aios, en Sanxenxo, se jugarán el 6 de abril pasar los próximos cuatro años en prisión por un delito de blanqueo de capitales procedente del narcotráfico. Todo concentrado en la sociedad inmobiliaria familiar San Saturnino, creada en los años ochenta y, desde entonces, un negocio floreciente que fue acumulando un patrimonio inmobiliario superior a los 10 millones de euros. La exmujer de Miñanco, una hija de ambos, y la excuñada del primer gran narco de Galicia son las personas que ayudaron a mantener y aumentar ese patrimonio, además de beneficiarse de él, con la ayuda del quinto condenado.

Todo, según recoge la sentencia de primera instancia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, para lavar el dinero que Miñanco fue ganando con el tabaco y la importación de cocaína a Europa. Las penas impuestas en el fallo inicial, cuyo recurso de casación resolverá el Tribunal Supremo el 6 de abril, impone cuatro años de cárcel y una multa de seis millones de euros a líder del clan. La sección segunda de la Audiencia de Pontevedra impone la misma pena de prisión y multa a la primera esposa de Miñanco, María Rosa Pouso.; a la mayor de sus tres hijas, Rosa María; a su excuñada, Josefa Pouso; y al empresario José Alberto Aguín, que fue también fue el vicepresidente de Miñanco en aquel equipo de fútbol de Cambados que, presidido por el narco, subió a Segunda B desde Preferente. 

La vista fijada en el Tribunal Supremo se señaló inicialmente el 17 de febrero, pero un cambio repentino e inesperado en la defensa de Sito Miñanco provocó el aplazamiento. El abogado que fue a juicio en Pontevedra defendiendo al arousano, Gonzalo Boye, renunció al entender que existen incompatibilidades, aceptando el asunto el otro abogado de Miñanco, Jacobo Teijelo, en una investigación que puede implicar para este vecino de Cambados otros 20 años entre rejas.

La misma causa en la que Boye está procesado por su presunta participación en el lavado de casi 900.000 euros procedentes, según los mismos cargos, de la venta de cocaína gestionada por la última organización atribuida a Miñanco y desarticulada (operación Mito, 2018).