Usuarios de la AP-9 declaran que las obras de Rande les afectaron en sus vidas y trabajos

Las obras de ampliación del puente de Rande causaron perjuicios de manera reiterada a los usuarios de la autopista AP-9 en dicho tramo sobre la ría de Vigo, según han puesto de manifiesto hoy los cinco testimonios requeridos por la Audiencia Provincial de Pontevedra en la vista de la apelación que se ha celebrado contra la sentencia que condenó a Audasa el año pasado a devolver el importe de los peajes a los perjudicados que lo reclamen por 81 incidentes y atascos de tráfico ocurridos durante los trabajos entre los años 2015 y 2018.

Fiscalía y las asociaciones En-Colectivo y Adicae, que se han sumado a la demanda del Ministerio Fiscal, pidieron que se aumente el número de jornadas en las que Audasa ha sido condenada a devolver el importe de los peajes, así como a abonar una indemnización a los afectados, que se baraja pueda ser del doble de los importes pagados en los peajes durante las obras de Rande.

Trabajadores de distintos sectores que utilizan la autopista a diario relataron como los trabajos de ampliación del puente le originaron contratiempos en sus empleos al llegar tarde a los mismos por las retenciones sufridas en la AP-9, así como también provocaron perjuicios en sus vidas por demorarse el retorno a sus casas, pasar más tiempo en la carretera, o tener que tomar medidas en sus vidas particulares para solucionar los retrasos acumulados. 

Un trabajador de una empresa en O Porriño, una médico de Povisa, un empleado de banca, un integrante de una firma de seguros y una cambadesa con centro laboral en Vigo dieron cuenta de las incidencias que vivieron a causa de las obras relatando desde alguna parada total del tráfico, retenciones intermitentes o circulación lenta. «No había ninguna información antes de entrar en la autopista, la sorpresa nos la encontrábamos dentro, unas veces más retenciones y otras menos», reiteraron casi de manera unánime. 

Carriles cortados, habilitación de un solo paso, atascos en las incorporaciones a la autopista fueron detallados, así como la falta de información previa y la imposibilidad de tomar la carretera nacional que bordea la ría como alternativa. «Sería tres cuartos de hora más, y prefería confiar en la suerte», señaló un trabajador bancario. «Si así lo hiciera tendría que despertarme a las cinco de la mañana», dijo una doctora de Povisa y residente en Caldas. La mismo testigo aseguró que en numerosas ocasiones llegó tarde a la cita con sus pacientes, e incluso un día ya no pudo llegar a la consulta, teniendo también que pagar más sueldo a la cuidadora de sus hijos al llegar más tarde de lo estipulado por culpa de las retenciones que generaban las obras en el puente.

«Fueron muchos más de siete días de retenciones», aseveró otro testimonio de un trabajador del polígono industrial de O Porriño, rechazando la tesis de la sentencia recurrida de que solo se limitaron a unas jornadas las incidencias entre el 15 de septiembre del 2017 y el 8 e junio del 2018. «Tuve retenciones todos los días, tenía que salir de casa media hora antes y aún así, en ocasiones llegaba tarde al trabajo», indicó otro testimonio de una vecina de Cambados que trabaja en Vigo. La misma mujer aseveró que incluso «sufrí el reventón de dos ruedas durante las obras por culpa de tornillos en la calzada», dijo taxativamente. «Al finalizar el puente, me di cuenta de que tenía una rueda pinchada, me asistieron y vi que la rueda estaba reventada. Al año siguiente, lo mismo al pasar en sentido contrario hacia Vigo, otro tornillo me reventó otra rueda», atestiguó.

«Me vi muy afectada, tengo estado en colas de 15 o 20 minutos y días de más de media hora. Fiché siempre con más de diez minutos de retraso», agregó.

Los testigos subrayaron de manera coincidente los perjuicios sufridos durante las obras de ampliación del puente, revelando solo en un caso no haber sido requerido para el pago de los peajes en una jornada de especial densidad de tráfico.

Audasa alega que los usuarios eligieron la autopista libremente pese a las obras

La defensa de Audasa, que pide que no se tengan en cuenta los testimonios de las cinco personas que hoy fueron llamadas a la Audiencia, por estar interesadas en una indemnización y poder haberse formado una opinión subjetiva con el paso del tiempo, rechazó la posibilidad de que se reitere la condena o se amplíe, basándose en que todos los usuarios de la autopista la tomaron pese a conocer que estaba en obras. 

El letrado de la concesionaria advirtió que la Guardia Civil intervino casi a diario en el tramo afectado y que en sus partes solo dieron cuenta de 81 incidencias entre el 2015 y el 2018, las recogidas en la primera sentencia, que son las que deberá devolver Audasa los peajes a quienes lo reclamen. 

Negó finalmente que el cobro de peajes durante las obras haya sido «un abuso», dado que dicha práctica se ha regido por las leyes que están obligadas a seguir las concesionarias y a revisar su cumplimiento el Ministerio de Transportes, que dijo el letrado no advirtió irregularidad alguna por dichos cobros durante las obras.

«Toda la provincia conoce de primera mano las incidencias que causaron las obras en la AP-9. La afectación era diaria, por una vía que no tenía dos carriles ni arcenes según la ley, maquinaria en la calzada y operarios, y aún así se cobraba todo el peaje íntegro», recordó el Ministerio Fiscal que pidió un fallo ejemplar que marque la norma a seguir en el futuro en casos similares, y fije incluso una indemnización, siguiendo el patrón de resolución de pleitos como el planteado contra Volkswagen y sus certificaciones de emisiones contaminantes.

Las acusaciones protagonizadas por En-Colectivo y Adicae llegaron a recordar los beneficios de 44 millones logrados por Audasa el año pasado, repartidos, señalaron «de manera íntegra a bancos extranjeros». Manifestaron dichos abogados el contrasentido de que Audasa pida al estado ahora una indemnización por haber perdido tráfico durante el confinamiento y el ministerio lo rechace alegando que la autopista seguía abierta, y en cambio niegue una indemnización o la devolución de los peajes a los afectados por las obras pese a disminuir considerablemente la calidad del servicio prestado. «Piden una indemnización para la empresa al verse alterado su equilibrio financiero pero se niegan a restituir el equilibrio de la doctora que tuvo que pagar más por su culpa a la cuidadora de sus hijos, o por los perjuicios de los demás afectados», señalaron al concluir la vista que quedó lista para sentencia.