Caso Diego Bello: La familia busca financiación para personarse en la causa que procesará a tres policías filipinos

La familia de Diego Bello, el coruñés que falleció en en la isla filipina de Siargao en enero del 2020 por los disparos de tres policías en una supuesta redada antidroga, se personará, tal y como les recomendaron sus abogados y el cónsul español en Filipinas en la causa que investigará su crimen. La Fiscalía filipina acaba de imputar por los supuestos delitos de asesinato, falsificación de pruebas y perjurio a los tres policías -el capitán Wise Vicente Panuelos y los sargentos Ronel Azarcon Paxo y Nido Boy Esmeralda Cortes- que supuestamente acabaron con la vida del joven empresario coruñés y que deberán prestar declaración antes del próximo 25 de octubre. «Es la única manera que tenemos para poder seguir el proceso y procurar dentro de lo posible que se lleve a cabo con todas las garantías y se haga justicia de verdad», señala su familia. Y en esas están. Aunque todavía no tienen nada cerrado, en los últimos días han estado contactando con abogados filipinos que quieran hacerse cargo de su representación. «Judicialmente, no es necesaria nuestra presencia allí. No sabemos el idioma, desconocemos las leyes… pero estamos buscando un bufete que, si es posible, esté especializado en derechos humanos», comentan.

Saben que se enfrentan a un proceso largo, lento y costoso. «No sabemos si estamos hablando de 10.000 o 50.000 euros, no tenemos ni idea», aseguran, por eso han puesto en marcha una serie de iniciativas con las que pretenden recaudar fondos para cubrir los gastos derivados de la representación legal durante el proceso. Han registrado el nombre Mamon, la marca comercial de ropa que Diego Bello tenía en la isla de Siargao, y fabricado bolsos y camisetas. Quienes quieran colaborar, pueden adquirir las prendas a través de la cuenta de Instagram Mamonsurfco. «Es una pena, pero la ropa que tenía allí a la venta todavía no hemos sido capaces de recuperarla. El papeleo es inmenso. Si la burocracia ya es complicada de por sí, imagínate a 10.000 kilómetros de distancia y con gente que no conoces», dicen con cierta resignación.

Esta semana han empezado también a vender participaciones de Lotería de Navidad en diferentes establecimientos. «Son 5 euros, cuatro que se juegan y uno de recargo para la asociación Xustiza para Diego», precisan. Esta última iniciativa es tan reciente que, para comprar alguna participación, lo más efectivo es enviar un correo electrónica a la dirección justicefordiego@gmail.com y preguntar por los puntos de venta más cercanos o solicitar cualquier otro tipo de información relacionada o vías alternativas de colaboración.

La familia de Diego Bello quiere agradecer tanto al consulado como a la embajada española en Filipinas así como al Ministerio de Asuntos Exteriores, todo el apoyo mostrado durante este tiempo y son conscientes que, sin su presión en el país asiático, la investigación podría haber caído en saco roto. «A pesar de que en julio hubo un cambio de cónsul, en cuestión de días el nuevo cónsul se puso en contacto con nosotros para asegurarnos que era conocedor del caso y que haría todo lo posible para que se esclareciese», explican. 

Un crimen lleno de sombras

Todo lo sucedido alrededor de la muerte de Diego Bello está plagado de incóginas. Mientras las autoridades filipinas se vanagloriaban de haber abatido al narcotraficante más importante de la isla de Siargao, su familia y amigos tenían claro que lo que se estaba contando en aquel país nada tenía que ver con la realidad. A pesar de que en teoría se enfrentaban al mayor delincuente de la región, no se aportó ni una sola grabación ni intervención telefónica ni movimientos sospechosos en sus cuentas bancarias que implicasen a Diego Bello en ningún negocio turbio. Su familia sostuvo desde el primer momento que Diego odiaba las drogas y que sería incapaz de algo así.

A todo ello se le sumaron otros interrogantes durante el supuesto operativo policial. En el atestado, de tan solo una cuartilla de extensión, se relata que los agentes le tendieron una trampa y que, cuando el coruñés lo descubrió, sacó un arma larga y comenzó a dispararles. Ninguno de los agentes del operativo resultó herido y en las manos de Diego no había ningún resto de pólvora. Además, tampoco se recogen los testimonios de ningún testigo ni existió ningún juez que realizara el levantamiento del cadáver ni ninguna otra formalidad. Todo ello basándose en una ley promulgada por el Gobierno de Filipinas cuando llegó a la presidencia del país Rodrigo Duterte. Esta ley autoriza a la policía a disparar a matar cuando se encuentren en una situación de tráfico de drogas y se vea amenazada. Una ley al amparo de la cual la policía filipina ha matado a cerca de 7.000 personas en tres años según sus propios datos. Una cifra que organismos internacionales, como la comisión de Derechos Humanos de la ONU, eleva a 30.000 muertos.