Transportes, obligado a pagar 13,8 millones más a Audasa por los peajes de Rande y A Barcala

El Tribunal Supremo insta a la Administración General del Estado a pagar a Audasa los 13,88 millones de euros que la concesionaria de la autopista AP-9 dejó de cobrar desde julio del 2017 en los peajes de Rande y A Barcala como consecuencia de la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de reducir a la mitad la factura que desde el 2006 habían asumido la Administración central y Xunta para hacer gratuitos para el usuario los dos tramos de acceso a Vigo y A Coruña. El mismo tribunal ya había dado la razón a Audasa en febrero con una sentencia a su favor en su reclamación contra el decreto con el que el entonces ministro de Fomento Íñigo de la Serna decidió rebajar en el verano del 2017 la factura aduciendo un «enriquecimiento injusto» por parte de Audasa a cuenta de la fórmula de cálculo del pasó de vehículos que el ministerio estimó no adecuada.

Pese a ser firme el fallo judicial, la concesionaria no recibió el pago que reclamaba, por lo que promovió un incidente de ejecución solicitando el abono de los casi 14 millones en concepto de peajes e intereses que ahora le reconoce la sala de lo contencioso administrativo del Supremo. La concesionaria reclama a mayores otros 5,77 millones más por los mismos conceptos del ejercicio del 2020, cantidad a la que sumará la del 2021 cuando concluya. 

El Ministerio de Transportes no ha efectuado hasta ahora pago alguno al haber reclamado a la Xunta, vía requerimiento primero y contencioso después, que se haga cargo del pago de la mitad de los peajes de Rande y A Barcala, abono que fue eximido por De la Serna cuando decidió rebajar a la mitad la cuantía en favor de Audasa. Según las cuentas de la Administración central, la gallega debería abonar ahora 15,8 millones por los años reclamados por Audasa. Sin embargo, la defensa jurídica de la Xunta alegó ante el Supremo que la sentencia de febrero no le impone condena alguna y que la misma concesionaria insta la ejecución del fallo judicial solo frente a la Administración del Estado. El fallo que menciona la Xunta, sin embargo, deja abierta la puerta a que el ministerio aduzca los derechos que estime le asistan por el decreto del 2006 que vinculaba a ambas administraciones como responsables de hacerse cargo de todos los peajes en Rande y A Barcala. Dicho conflicto ha generado otro pleito entre Xunta y Transportes.