La Voz de Galicia

El Ministerio de Justicia deniega los indultos solicitados por la exmujer e hija mayor de Sito Miñanco, y por su testaferro

Galicia

Javier Romero vigo
Miñanco, en el juicio del 2019 en Pontevedra, frente a su exmujer e hija, sentadas a la derecha del banco

Tendrán que cumplir la pena de tres años y seis meses de prisión que el Tribunal Supremo hizo firme. En marzo deberán ingresar en prisión

10 Feb 2022. Actualizado a las 21:19 h.

El Ministerio de Justicia ha desestimado las peticiones de indulto presentadas por la exmujer de Sito Miñanco, María Rosa Pouso Navazas, y la hija mayor de ambos, Rosa María Prado Pouso. También el solicitado por José Alberto Aguín, un vecino de Sanxenxo condenado por ejercer de testaferro para los tres integrantes de la familia.

El patriarca no recurrió al Ministerio de Justicia por los tres años y nueve meses impuestos. Miñanco apeló al Tribunal Constitucional para presentar un recurso de amparo tras la sentencia firme que lo condena por blanqueo de capitales procedente del narcotráfico. El mismo cargo por el que también fueron condenadas su exmujer, hija mayor y testaferro. Un delito probado que implica el embargo definitivo de la empresa familiar Inmobiliaria San Saturnino, con un patrimonio valorado en 10 millones de euros. 

La sentencia condenatoria impone penas de cárcel de tres años y medio para María Rosa Pouso Navazas, Rosa María Prado Pouso y José Alberto Aguín. A mayores, Sito Miñanco encaja su primera condena por blanqueo, que supone la tercera tras las dos anteriores por tráfico de cocaína. Ambas fueron sentenciadas en la Audiencia Nacional en los años 1994 y el 2004.

Miñanco se encuentra en la prisión madrileña de Estremera cumpliendo este último fallo, mientras que los tres condenados tendrán de plazo, según explican fuentes judiciales, hasta marzo para ingresar en las cárceles que le sean asignadas. Lo siguiente, ya relacionado con las propiedades de Inmobiliaria San Saturnino, será gestionar su patrimonio. El trabajo ha sido asignado al Plan Nacional sobre Drogas, que tendrá que gestionar cada inmueble para sacarlo a subasta pública.


Comentar