La continua sucesión de operaciones antidroga lleva hasta el colapso los juzgados de Algeciras

La presión policial ejercida en el Campo de Gibraltar se traduce en una sobreactividad en los cinco juzgados de instrucción de la comarca gaditana, hoy cerca del colapso. La sección de la Audiencia Provincial que asume los procedimientos de esta zona concreta, la séptima, sufre la misma situación caótica, explican el director de Vigilancia Aduanera en la zona, Lisardo Capote, y su adjunto, Miguel Gil: «Está colapsada y los funcionarios muy quemados. Piden otros destinos y eso condiciona el trabajo de todos los cuerpos policiales, que estamos bloqueados y pidiendo ayuda. Hay un cuello de botella, los juzgados llevan mucho tiempo diciendo que están al límite. Hablamos de que hay cinco juzgados, pero tres cuerpos estamos aportando temas a diario».

Los centenares de procedimientos judiciales abiertos en el Campo de Gibraltar no son ajenos a la presencia de ciudadanos de origen gallego que se buscan la vida en el negocio del narcotráfico en el Estrecho. Forman parte del elenco de investigados en diferentes causas, aunque casi nunca como actores protagonistas; más bien como secundarios o de reparto, en calidad de colaboradores de logística.

Macarena Arroyo, delegada de la Fiscalía Antidroga en la comarca, denuncia la situación: «Evidencia un efecto embudo que refleja la parálisis administrativa y también el desgaste de carácter judicial. Todo el despliegue policial de los últimos años ha generado una carga en los juzgados. Necesitaríamos muchísimos más medios. Los juzgados aquí están saturados, es así».

Lisardo Capote, de Vigilancia Aduanera, va más allá al mirar hacia el futuro: «Los juicios están tardando en salir entre cuatro y cinco años, y eso que se aumentó de tres a cinco magistrados. Pero esa no es la solución: faltan funcionarios, secretarios judiciales y magistrados. Otra cuestión fundamental implica, pero ya en Madrid, replantearse las demarcaciones judiciales, que son decimonónicas. Se habla de hacer una ciudad de la Justicia, pero ahí siguen, hablando, sin concretar y, mientras tanto, en los juzgados, los funcionarios, ya sean jueces, secretarios, fiscales o de otro rango, con el agua al cuello», denuncia. 

Mejor causas pequeñas

Otro condicionante del aparato judicial en el Campo de Gibraltar son las instalaciones, que no permiten el pase a disposición judicial de un gran número de detenidos. «Si hay más de 20 arrestos, que aquí tampoco es atípico, también supone un contratiempo. Los juzgados no tienen espacio físico para dar cabida a semejante cantidad de imputados. Pero es que tampoco hay funcionarios para unos pases tan numerosos», explican desde la Guardia Civil. La carencia ha sido plasmada en numerosas ocasiones en forma de protesta o de demanda por representantes judiciales, pero sigue sin respuesta en forma de más medios.

La fiscal antidroga en Andalucía, Ana Villagómez, se ha pronunciado más de una vez desde Sevilla de forma muy crítica con esta situación. Reitera que la mayor parte de los actores de la actividad judicial, jueces, fiscales y funcionarios, no pueden asumir semejante carga de trabajo: lo califica de imposible. Villagómez habla de «frustración» entre los jueces y fiscales, por no conseguir juzgar y condenar a los narcos de la zona en los plazos que marca la ley.

Otra voz autorizada, la del juez decano de Algeciras, Alberto Ruiz, abunda en esa denuncia de los últimos años al referirse al escenario actual en términos de «colapso» y «cuello de botella» por la saturación de causas relacionadas con el narcotráfico que soportan.