El Gobierno ve «imperioso» cobrar peaje en las autovías y que sus tarifas puedan variar según la renta

El Gobierno central no ha aparcado su intención de que las autovías dejen de ser gratuitas para que las mantengan quienes las usan. Aunque la propia ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha reiterado en los últimos meses que la coyuntura económica y energética actual obligan a aplazar el debate, la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, advirtió hoy en el Congreso de los Diputados que el modelo de conservación de las vías de alta capacidad desde las cuentas públicas es «insostenible». El año que viene la conservación y ampliación de carreteras absorberá 2.700 millones de euros de la inversión de 21.000 millones dispuesta por el ministerio.

Tras abogar por consensuar políticamente cuanto antes un sistema que haga pivotar el gasto de mantenimiento en los conductores y no en todos los contribuyentes, Pardo de Vera reaccionó a las críticas sobre el incremento impositivo que supondría tal medida, asegurando que en decisiones como la de la actual gratuidad en los trenes de cercanías y media distancia le hubiera gustado tener más margen para «haberlo hecho con más criterio y que fuesen progresivas, porque no es lo mismo un usuario recurrente que tenga disponibilidad que otro que no la tenga». Dicha postura de progresividad fiscal la vinculó la política gallega a la futura implantación de los peajes en las autovías. «Hay que tomar estas medidas desde un punto de vista progresivo», definió como meta, añadiendo que el modelo que se aplique debe responder también a criterios como el de la igualdad entre territorios y derechos y la unidad, porque a su juicio, el actual, con peajes en unas autopistas y en otras no «produce brechas entre los territorios».

«Es imperativo que pongamos en marcha los cambios normativos y administrativos, que además nos reclaman desde Bruselas», agregó la número dos de Transportes, aludiendo al compromiso del Gobierno de España de aplicar en el 2024 el cobro de dichos peajes a cambio de los fondos comunitarios habilitados contra la crisis generada por el covid.

Isabel Pardo de Vera expresó un compromiso al decir que «como técnica, política y secretaria de Estado no puedo salir del ministerio sin haber explicado cuál es mi criterio sobre el uso y mantenimiento de las infraestructuras de carretera, porque el modelo actual es insostenible». Culpó a todos los gobiernos anteriores de no haber abordado antes el tema y a la oposición de impedir el acuerdo. «Se ha dado una patada hacia delante durante todos los gobiernos, no se ha hecho nada y me siento responsable», concluyó aunque sin definir un horizonte temporal para la implantación de los nuevos peajes, aunque sí aseguró que «tenemos la foto de hacia dónde vamos».

Bonificaciones, la mayoría en la AP-9

En la explicación de las cuentas para el año que viene del Ministerio de Transportes, la secretaría general de Infraestructuras especificó que dispondrá de 98,4 millones de euros para atender reducciones de peajes y bonificaciones vigentes en autopistas y otras «nuevas» que pretende implantar. Audasa recibirá para cubrir dichas bonificaciones 65,3 millones de euros, según figura en el proyecto presupuestario, que detalla que 56,3 millones se destinarán a la gratuidad en el viaje de regreso si este se produce en menos 24 horas, rebajas a los transportes pesados y reducción de tarifas en tramos como el de Vigo-Tui, y otros 9 millones se dedicarán a pagar a la concesionaria por el paso gratuito de todos los vehículos en los tramos A Coruña-A Barcala y Vigo-O Morrazo.