Retrasos de un año en los informes del Imelga bloquean los juzgados gallegos

Lo advirtió en la apertura del año judicial, en septiembre, el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. «A falta de persoal do Instituto de Medicina Legal de Galicia [Imelga] está a levar a unha situación límite aos xulgados e tribunais galegos». José María Gómez y Díaz-Castroverde alertaba de la tardanza de informes psicosociales, que son claves y siempre urgentes para avanzar en la tramitación de casos de gran relevancia: valoraciones de víctimas de violencia machista, procesos de divorcios y asuntos con menores implicados. «É unha situación inadmisible, son procesos que afectan ás persoas máis vulnerables», dijo Castroverde en aquel acto, en el que estaba presente el vicepresidente de la Xunta y conselleiro de Xustiza, Diego Calvo, de cuyo departamento depende el Imelga.

Al vicepresidente iba dirigida la queja pública, que incluía una demanda muy clara: que se creen equipos psicosociales estables y con profesionales que sean especialistas en el ámbito judicial. El presidente del TSXG pedía «solucións estruturais, non coxunturais». A su juicio, las medidas que está tomando la Xunta, como prolongaciones de jornada, autorrefuerzos o convenios con colegios profesionales, no solucionan el problema de forma definitiva.

Un mes después, la situación ha empeorado mucho y ya hay informes periciales con retrasos de un año o de año y medio, como el que acaba de recibir un juzgado de Pontevedra para examinar a un menor en asunto penal. La fecha para la realización del informe es el 13 de septiembre del 2023. «Se está generando un retraso intolerable y completamente incompatible con el derecho del ciudadano a un juicio sin dilaciones indebidas», afirma la jueza decana de Pontevedra, Belén Rubido, en un documento interno en el que advierte que otros juzgados, tanto de penal como de familia, están recibiendo plazos similares a sus peticiones de informes.

Menores y violencia con la mujer

La decana de Pontevedra recuerda que la falta de personal «es una carencia sistemática de los equipos psicosociales de toda Galicia». Ya viene siendo denunciada desde el año 2015 y ha sido reiterada con anterioridad a la pandemia en las comisiones Xunta-TSXG que celebran periódicamente para analizar las necesidades de la Justicia. El documento expone una situación caótica, «que ya era insostenible en el 2015, y que se ha vuelto absolutamente insoportable». Se refiere a que los equipos psicosociales del Imelga soportan mayor carga de trabajo desde la reforma legislativa del 2021 sobre la capacidad jurídica de personas vulnerables, que obliga a los juzgados de instrucción a practicar pruebas preconstituidas a menores de 14 años y personas discapacitadas para que no tengan que declarar en el juicio. Y esas pruebas solo pueden hacerlas los expertos, es decir, los miembros de los equipos del Imelga.

A esa carga de trabajo se añaden las pericias tradicionales que hacen los equipos del Imelga: autopsias, informes de lesiones, de credibilidad en menores o de personas vulnerables. Los retrasos en los informes psicosociales también causan graves perjuicios en los procedimientos penales, ya que están sometidos a plazos de instrucción determinados, de manera que con demoras de un año pueden «quedar impunes comportamientos delictivos gravísimos con víctimas especialmente vulnerables».

Los retrasos en estos informes llegarán de nuevo a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que volverá a solicitarle a la Dirección Xeral de Xustiza, como ya hizo hace una semana en la última comisión Xunta-TSXG, el incremento de personal de los equipos del Imelga para poner solución a la «dilación intolerable» en informes sobre asuntos muy sensibles, como los penales o los de familia, con especial afectación para menores y personas vulnerables.

La Xunta toma medidas

El director xeral de Xustiza, José Tronchoni, admite los retrasos. Los achaca al aumento de peticiones de informes tras la reforma legislativa del 2021, a las secuelas de la pandemia y, sobre todo, a que las valoraciones que hace el Imelga son muy complejas y requieren el consenso de un trabajador social y de un psicólogo. Asegura que el Gobierno gallego ya ha tomado medidas para reforzar los equipos psicosociales del Imelga a través de prolongaciones de jornada con horas extras y con la próxima incorporación de interinos. Asimismo, trabaja en la formalización de un convenio de colaboración con el Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia.

«Alargar los procesos de divorcio tiene un riesgo muy alto»

Los procedimientos de familia, como es el caso de separaciones y divorcios, que no se resuelven en plazos razonables afectan al desarrollo integral de los menores y de sus padres, que no pueden regular de una forma definitiva la crisis matrimonial. De ahí la importancia de la rapidez en la realización de los informes psicosociales. La jueza decana de Pontevedra afirma que en condiciones de trabajo normales «un plazo de tres meses sería lo razonable» para la confección de ese tipo de informes. Pero desde que se detectaron estos retrasos el plazo se había alargado hasta los nueve meses de media. En la actualidad, como en el caso de Pontevedra, las citas se dan para dentro de un año, «cuatro veces más de lo deseable», señala Belén Rubido, que quiere destacar el trabajo de los profesionales del Imelga.

La jueza decana reconoce que «ya estaban desbordados en el 2021, y ahora se les añaden tareas que son imperativas, como por ejemplo con los informes de vulnerabilidad para saber si un menor puede prestar declaración en un juicio». Apunta la importancia de la rapidez en los delitos graves, como por ejemplo los abusos sexuales o la violencia machista, pero señala que también es importante un divorcio sin acuerdo. «Para una familia es caótico estar esperando dos años a que el juzgado resuelva y decida las medidas con custodias de niños, pensiones de alimentos o uso de la vivienda».

La magistrada Rubido no duda en reclamar medios para tener los informes dentro de plazos razonables en los casos de crisis de pareja. Es muy clara al advertir que alargar los procesos de divorcio tiene un riesgo muy alto porque en ese tiempo hay un deterioro extremo de la relación y se origina un conflicto de gran calado en el que puede haber riesgo para las personas. «En cuestiones de familia, una decisión rápida hace que ese riesgo disminuya», asegura la decana.