La bonificación del 15 % por el nuevo contenedor marrón llega con polémica

El próximo 1 de enero dejará de estar vigente la bonificación del 10 % que desde hace tres años abarataba el tratamiento de los residuos a buena parte de los 295 concellos que envían su basura a Sogama. La decisión fue tan polémica que finalmente la empresa aplicará una nueva rebaja, esta vez del 15 %, que tendrá nuevos condicionantes.

¿Qué requisitos tendrán que cumplir los ayuntamientos para que el canon que pagan baje de los generales 66 euros por tonelada a 56,10? Por una lado, algo que ya se les pedía: promover la reducción de la producción de basura y/o incrementar el reciclaje de los envases ligeros (contenedor amarillo). Pero además, la nueva bonificación se liga a implantar la recogida diferenciada de la materia orgánica o biorresiduos, lo que comúnmente se conoce como el contenedor marrón. Y deberán hacerlo antes de que termine el 2023. Eso sí, desde Sogama explican que para los municipios de menos de 2.000 habitantes será suficiente acreditar que cuentan con programas de compostaje doméstico o comunitario.

La implantación de una recogida separada de los residuos orgánicos es una obligación que la Unión Europea ha marcado para antes del 31 de diciembre del 2023. Sin embargo, algunos concellos están en contra de que se imponga el sistema del contenedor marrón. Es el caso de Allariz, que con más de seis mil habitantes ha preferido optar por un sistema de composteros comunitarios e individuales. El Gobierno municipal considera que implantar un quinto container sería una fórmula mucho peor, incluso inviable y con más impacto visual y ambiental, al contar con muchos núcleos rurales.

Para evitar que concellos con más de 2.000 habitantes que ya tienen implantados sistemas distintos de gestión de los biorresiduos puedan quedar fuera de la bonificación, la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) ha aprobado una propuesta que ha remitido a los grupos parlamentarios. En ella piden modificar los requisitos, para que pueda acogerse a la rebaja del canon cualquier entidad local que aplique cualquier sistema de separación y compostaje de la fracción orgánica que esté recogido en la Ley estatal 7/2022, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, y que tenga el compromiso de una cobertura de separación de residuos de al menos un 20 % de su población total.

Repercutir la bajada

Hay un tercer requisito para optar a la bonificación. Los ayuntamientos que quieran ver reducido el coste del tratamiento de sus residuos en la planta de Cerceda tendrán que repercutir esa rebaja en la factura que cobran a los vecinos, es decir, tendrán que abaratar el recibo de la basura.

Esta condición, que ya se imponía para la anterior bonificación del 10 %, deja fuera a más de un concello y pone en pie de guerra a otros. «Me rebelo contra esa imposición. Poner en marcha ese sistema diferenciado de recogida tiene un coste. ¿Quién lo asume?», dice Alfredo García, alcalde de O Barco de Valdeorras. Como él, otros regidores se quejan de no poder emplear el dinero de la rebaja de Sogama para paliar los nuevos gastos que trae el contenedor marrón. «Es curioso, cuando suben el canon no nos obligan a subir el recibo a la gente, porque esa medida es impopular, pero cuando baja, tenemos que bajarlo, porque eso sí es popular», ironiza García, lanzando dardos contra la Xunta, accionista mayoritaria de Sogama.

En el Concello de Carballo, uno de los pioneros en la recogida diferenciada de la materia orgánica, no optarán a la bonificación, como tampoco lo hacían antes, precisamente por esa obligación de repercutir la rebaja. «A obriga dun Concello é xestionar os recursos públicos con equilibrio, e nós no lixo xa somos deficitarios, perdemos ao redor dun 10 %. Ademais, ¿que supón devolverlle cinco euros a unha familia? ¿Non será mellor investir eses cartos en mellorar o sistema, poñer máis medios, facer campañas de sensibilización...?», se cuestiona el concejal de Obras e Servizos, Luis Lamas.

Más allá de la polémica, a primeros del año próximo se publicará una resolución con los condicionantes oficiales de la bonificación. Será entonces cuando los ayuntamientos que quieran optar deberán remitir a la empresa de tratamiento de residuos una solicitud oficial para acogerse a ella. Según Sogama, el descuento se les empezará a aplicar a principios de año, y ya en los primeros meses del 2024 cada concello deberá justificar que cumplió los tres requisitos a lo largo del 2023. De no ser así, se le facturará la diferencia.