El crimen del Cash Record, visto para sentencia: fiscal y defensa rechazan que los indicios contra Vilariño sean suficientes para condenarlo

Lo ocurrido este viernes en la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Lugo se pareció más a un combate de boxeo que a un juicio. El proceso del crimen del Cash Record de O Ceao, que investigó el asesinato de dos empleados de esta cadena de supermercados en el año 1994, concluyó tras 28 años y 9 meses con las conclusiones definitivas de las tres partes implicadas en el juicio. 

Carmen Balfagón, abogada de la acusación particular; Roberto Brezmes, fiscal jefe de Lugo, y Paula Salvador, abogada de la defensa, fueron los protagonistas de la quinta y última jornada de un juicio inédito en la historia reciente de España. Y es que la Audiencia de Lugo juzgó esta semana a Juan Vilariño, un hostelero vasco afincado en Lugo en aquella época, como presunto autor de un atraco con doble asesinato ocurrido hace casi tres décadas.

Conclusiones definitivas

En la vista de este viernes, que culminó el procedimiento, las tres partes defendieron sus puntos de vista y las razones que les llevaron a obtener esas conclusiones. Dos versiones fueron diametralmente opuestas de una tercera. Lo cierto es que las dos partes coincidentes suelen ser la Fiscalía y la acusación, pero este caso ha sido único por muchísimos motivos además del tiempo transcurrido desde el suceso que se juzga. Uno más fue, precisamente, que el fiscal se posicionó con la defensa del acusado, no con la letrada de las familias.

Brezmes y Salvador pidieron la absolución de Juan Vilariño, al no ver «pruebas ni indicios contundentes suficientes para destruir su presunción de inocencia», como sostuvo el representante del Ministerio Público. El propio fiscal reconoció, al inicio de sus conclusiones, que «no es habitual una postura así», pero que «creo que la justicia es aplicar la ley de manera honesta en cada caso concreto», lo que le ha llevado a pedir la absolución.

El fiscal: «Les prometí a las familias que investigaría y que trataría de aclararlo todo y encontrar al culpable. Pero no ha sido posible»

Para él, «la mera presencia de indicios poco contundentes y que, de hecho, no se sostienen entre sí no nos puede llevar a afirmar que el acusado cometió el hecho». Dijo Brezmes en su alegato final que «necesitamos pruebas directas o, en todo caso, indicios contundentes, que se sostengan y apoyen entre sí» para llegar a una sentencia condenatoria.

El fiscal valoró el «gran y exhaustivo» trabajo de los abogados de la acusación particular a la hora de encontrar testigos y analizar los hechos, pero contrapuso ese elogio con la crítica de que «que los indicios apunten de forma ligera en una dirección, o que parezca lógico pensar que pudo haber cometido el hecho no quiere decir que así ocurriese». «Necesitamos más», resumió.

Brezmes, para justificar su decisión de no acusar y pedir la absolución de Vilariño, citó varios testimonios que señalaban al procesado, pero que, según él, no tenían el peso suficiente. Las declaraciones de un toxicómano que contó que le había ofrecido el atraco antes de llevarlo a cabo la dio por «válida», pero dijo que «la existencia de un ofrecimiento no implica que, efectivamente, luego cometiese el atraco, y mucho menos con dos asesinatos, algo que jamás le habría mencionado a este testigo».

No quiso vincular a Vilariño ni con las acusaciones que lo señalaban como autor de un atraco en el Cash Miño dos años antes ni con el asesinato de Toirán (un vecino de Bóveda que fue a comprarle cocaína) en una trifulca por drogas en el año 1997. «Me da la sensación de que se han querido sumar los indicios que lo relacionan con estos casos para darle más consistencia a la acusación por lo del Cash Record, ya que no se sostenía por sí sola», argumentó Brezmes.

Las mentiras del acusado

Le concedió un tanto a la acusación al reconocer que Vilariño mintió en su declaración al afirmar que no conducía y que no estaba familiarizado con las armas, aunque rebajó la alegría inmediatamente después. «Ha quedado probado que sí conducía habitualmente y que sí tenía contacto cercano con armas de fuego. De hecho, hasta yo he preguntado a los testigos por esto porque me interesaba y ha quedado corroborado. Ahora bien, una falsedad, un silencio o una inexactitud en la declaración del acusado claro que puede ser tomada en cuenta como indicio, pero debe estar sostenida por pruebas contundentes, algo que aquí no existe», comentó el fiscal.

Destacó otros detalles que consideró contrarios a la versión de la acusación. Entre ellos, el testimonio del mismo hombre al que le habría ofrecido el atraco. En su declaración en instrucción, contó también que Vilariño llegó aquel 30 de abril de 1994 a su bar Los Ángeles, ubicado en la rúa Nova, «entre las siete y las siete y media». La acusación particular siempre sostuvo que el acusado se marchó poco después, ya que este testigo nunca dijo que no lo viese irse. «Yo, sin embargo, me decanto más por la otra versión, la de la defensa. Es cierto que no dijo expresamente que se había quedado en el bar, pero da a entender que llegó a eso de las siete para ya quedarse allí. Si se hubiera ido, estoy seguro de que lo habría dicho en su declaración», argumentó Brezmes.

El representante del Ministerio Público, tras destacar algunos «contraindicios» más que exculparían al acusado, como la «inconsistencia» en las declaraciones de testigos que «dijeron haber visto u oído cosas que jamás se probaron o que incluso luego negaron ellos mismos», remató su argumentación. «Entiendo y valoro el esfuerzo y exhaustividad de la acusación. Y entiendo el dolor de las familias. Cuando recibí el caso y siempre que hablé con ellas, les prometí que investigaría y que trataría de aclararlo todo y encontrar al culpable. Pero no ha sido posible. No se ha podido o no hemos conseguido ir más allá de lo que se ha expuesto esta semana en esta sala», valoró.

La acusación particular: «Tenemos una oportunidad histórica para demostrar que la justicia existe»

La importancia de la versión del fiscal podría terminar decantando la balanza hacia la absolución del acusado, pero la abogada de las familias, Carmen Balfagón, defendió su postura hasta el último segundo del juicio. Acompañada de Gerardo Pardo de Vera, el abogado que consiguió que este procedimiento llegase a juicio, explicó con mucho detalle los motivos por los que creen que se debe condenar a Juan Vilariño por el asesinato de Elena López y Esteban Carballedo, los dos trabajadores del Cash Record.

«Tenemos una oportunidad histórica para demostrar que la justicia existe», empezó diciendo la abogada. Según ella, a pesar de que no existen pruebas directas del doble asesinato, hay «indicios sólidos y contundentes ratificados no por cualquiera, sino por la Policía Local de Lugo, la Policía Judicial y la UDEV de Madrid», que son «expertos muy experimentados en este tipo de investigaciones».

Y es que las declaraciones de los policías a lo largo del juicio señalaron que Vilariño es el autor «razonable» del crimen, ya que «cumple todos los requisitos». En estos supuestos requisitos se asentó la acusación de la abogada madrileña, que reiteró su petición de 28 años de prisión —el máximo posible según la ley del 1994— por dos delitos de asesinato, uno de robo con violencia y otro de tenencia ilícita de armas.

Los indicios que debe valorar la Audiencia para condenar a Vilariño, según la abogada, son «sólidos y contundentes». Balfagón empezó destacando que el acusado era «cliente habitual» del Cash Record, por lo que tendría la confianza necesaria con los empleados para que lo dejasen pasar a última hora de aquella tarde.

También puso en valor que «manejaba armas con destreza», como apuntaron los policías, y que «se le encontraron cartuchos de todos los años menos del utilizado para el crimen», lo que indicaría que se hizo de ellos y del arma letal.

La abogada señaló también que Vilariño llevaba un estilo de vida superior al que se le suponía por la actividad de su bar. Esto, sumado a las grandes cantidades que se supo que había ingresado después del crimen, le hacen pensar que «obtuvo un importante aumento patrimonial con lo robado en el Cash Record». Pero no solo eso, sino que también recordó que su madre se compró un piso apenas unos días después de la muerte de Toirán, un traficante de drogas cuyo asesinato le imputa también a Vilariño en 1997. «¿Alguien se explica cómo pudo obtener estos enormes ingresos si no fue a través de robar el Cash Record y matar a Toirán?», se preguntó. 

Destacó la abogada, seguidamente, que un testigo que aquella tarde vio a un hombre conduciendo un coche en actitud «sospechosa», reconoció el rostro de Vilariño en dos fotografías que le mostraron agentes de la UDEV años después del suceso. «Aun con dudas debido al paso del tiempo, quedó claro que identificó al acusado como el hombre más parecido al que vio aquel día en O Ceao», resumió.

«¿Alguien se explica cómo pudo obtener estos enormes ingresos si no fue a través de robar el Cash Record y matar a Toirán?»

Hizo hincapié también en que un agente de la Policía Científica declaró que, analizando la escena del crimen, el tirador que mató a Elena era de su altura, más o menos. «Un perfil en el que encaja Vilariño», añadió.

Otro argumento a su favor fueron las declaraciones de los toxicómanos amigos de Vilariño, que afirmaron (uno en instrucción y otro en el juicio) que el acusado «le ofreció a uno de ellos atracar el Cash Record», destacando que «conocía detalles que solo podía saber si se los contó Vilariño». Además, rechazó la tesis del fiscal y la defensa, que argumentaron que uno de ellos vio entrar a Vilariño en su bar a las siete de la tarde de aquel día y que nunca salió. «La abogada de este señor ha mentido. El testigo nunca dijo que no lo vio salir, solo que lo vio entrar. Pudo marcharse y, en cinco minutos, coger el coche y estar listo en O Ceao», contraargumentó.

Como último alegato, Balfagón instó al tribunal de la Audiencia a valorar la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que en una sentencia reciente, «valora la prueba indiciaria (un conjunto poderoso de indicios) como si fuesen una prueba», algo que, según ella, «sería suficiente para que se emitiese una sentencia condenatoria». Finalmente, pidió que se hiciese «justicia» con las familias de Elena y Esteban, «que tanto han sufrido estos casi 30 años».

La defensa: «¿Se estaba buscando al autor del crimen o pruebas contra Vilariño?»

Por último, fue el turno de Paula Salvador, la abogada de Juan Vilariño. La letrada lucense, que ya sabía que contaba con el apoyo del fiscal jefe, explicó pormenorizadamente los motivos por los que creía que su cliente debía ser absuelto.

«Si nos paramos a analizar todo lo que se ha contado aquí y todo lo que se ha sabido de este caso desde hace más de 28 años, hay muy pocas objetividades. Las únicas que han sido corroboradas al cien por cien son que no hay huellas en la escena del crimen, que jamás se encontró el arma con la que se asesinó a los fallecidos y que murieron a las ocho de la tarde. Esas objetividades, las únicas del caso, no representan ni siquiera indicios para acusar a mi cliente», resumió.

Y es que Salvador fue contundente en su argumentación, sabiendo que se encontraba en una posición más favorable tras oír al fiscal. «Que no nos engañen. Es cierto que hay jurisprudencia que valora la prueba indiciaria, pero tiene que ir acompañada de pruebas directas contundentes, algo que aquí no hemos visto contra mi cliente», alegó.

Al igual, que Brezmes, Salvador le pidió al tribunal «tener en cuenta los contraindicios» que «desmontan» la versión de la acusación. En su turno de palabra, enumeró una serie de detalles que, según ella, no constituyen indicios contra su cliente. «Las declaraciones de uno de los testigos clave son cambiantes, inconsistentes y fantasiosas. Los testigos que dijeron ver algo en O Ceao aquel día dan versiones distintas, por ejemplo, sobre un supuesto coche blanco que jamás se le ha podido atribuir a mi cliente. Tampoco se le puede relacionar con el atraco al Cash Miño, porque no es tan similar al de Cash Record ni mucho menos, o con la muerte del señor Toirán, por la que jamás fue siquiera investigado. No se le encontró ni un solo arma a partir del año 1993, así que no se puede decir que fuese un experto. ¿Qué indicios se supone que hay contra él, si todo es inconsistente o directamente mentira?», comentó Salvador.

«Se ha querido juzgar a alguien sin tener siquiera pruebas contra él, por el mero hecho de tener a alguien a quien culpar»

Tras elaborar su argumento, quiso rechazar la versión inculpatoria con una hipótesis propia. «Les voy a decir lo que yo pienso. Yo creo que mi cliente está hoy sentado en el banquillo porque es al único al que podían sentar. Se ha querido juzgar a alguien sin tener siquiera pruebas contra él, por el mero hecho de tener a alguien a quien culpar. Como no se podía ir contra el resto de sospechosos que hubo en la causa, se ha ido contra el único contra el que no había prescrito. Es así de fácil», concluyó la letrada.

Según ella, la instrucción jamás pudo haber llevado a una acusación, ya que «más que analizar los indicios y que estos llevaran a un acusado, se cogió a mi cliente y se buscaron indicios que pode atribuirle y que sirvieran para hacer una acusación artificial contra él. ¿Se estaba buscando al autor del crimen o pruebas contra Vilariño?», terminó la letrada.

Vilariño no quiso decir nada más

Como en todos los juicios de este tipo, el acusado tuvo derecho a ejercer la última palabra. Juan Vilariño, que se enfrenta a 28 años de prisión por el atraco con doble asesinato del Cash Record, se levantó de su silla y, mirando al tribunal, confirmó lo esperado: no tenía nada más que decir. El juicio, por lo tanto, quedó visto para sentencia. Una resolución que, debido a su complejidad, se espera que tarde semanas en llegar.

Las familias recurrirán la sentencia si se absuelve al procesado

Las familias de las víctimas del doble crimen del Cash Record de O Ceao comparecieron este viernes frente a la Audiencia Provincial, antes de dar comienzo la última jornada del juicio. Ante los medios, afirmaron que recurrirán la sentencia si se absuelve al procesado.

La hermana de la cajera fallecida, Isabel López, indicó que están «esperanzados» y que «la pena es que esto no se hubiera hecho antes». Aún así, López apuntó que «parece que a la gente que hace bien su trabajo no la escuchan y la gente que lo hace mal la arropan».

Asimismo, la cuñada de la otra víctima, Beli Sánchez, subrayó que las familias «habían llegado a no creer en la justicia», ya que «solo parecía que era para ricos». Así, ha precisado que con este juicio espera «creer y volver a tener fe en la justicia».

A la salida de la Audiencia, tras conocer las conclusiones de todas las partes, la abogada de la acusación, Carmen Balfagón, aseguró que «han luchado con las armas que tenían» y que si no consiguen una sentencia condenatoria «seguirán».

Así, señaló que en las conclusiones tanto del fiscal como de la defensa «le habría gustado que dijesen de donde salieron los tres millones de pesetas que el acusado ingresó poco después del atraco».

«La opinión pública ya lo ha juzgado por sus mentiras»

Aunque finalmente delegó en la letrada Carmen Balfagón el ejercicio de la acusación particular, Gerardo Pardo de Vera fue el letrado lucense que durante años estuvo al lado de las familias de los dos asesinados en el doble crimen del Cash Record, Esteban Carballedo y Elena López. Este viernes, las puertas de la Audiencia Provincial, dijo que la vista ha servido para desmontar «las patrañas y mentiras» del procesado.

Desde su punto de vista, aunque en la causa no existen «pruebas directas», sí han quedado «patentes» a lo largo de la investigación y ahora en el desarrollo de la vista oral «indicios» determinantes que apuntan a la autoría por parte del procesado de ambos crímenes.

«No somos nosotros los únicos que decimos que hay una carga probatoria suficiente como para concluir en una condena», dijo el letrado a los medios de comunicación, en alusión a la convicción expresada en la vista oral por parte de los policías que realizaron las investigaciones.

Además, quiso destacar, «en el mismo plano» de importancia, «que todas las mentiras y patrañas del acusado quedaron desmontadas».

«Se han ido desmontando una a una. Está en su derecho de mentir, pero eso no es inocuo. Debe ser valorado por el tribunal. La opinión pública ya lo ha hecho», sentenció.

«Estoy segura de que la sentencia será absolutoria»

Por su parte, la abogada de la defensa, Paula Salvador, apuntó que «está segura de que la sentencia será absolutoria», aunque cree que «puede tardar, ya que es un caso complicado y antiguo».

Salvador alegó que analizaron el caso «investigadores de prestigio reconocido» y que «no llegaron a ninguna conclusión». Así, ha insistido en que en el procedimiento judicial «no se puede condenar a nadie en base a sospechas», ya que «una sospecha no es un indicio de nada».