El Gobierno descarta rescatar la AP-9 y sostiene que está obligado a respetar su concesión hasta el 2048

El Gobierno ha llegado a estudiar cuánto costaría rescatar la concesión de la autopista AP-9 para eliminar su peaje, como ha hecho en media docena de viales de pago de su misma generación, pero ya da por descartado plenamente que el Estado se vaya a hacer cargo de la infraestructura. «La construcción y explotación de esta autopista es una concesión administrativa y tanto la Administración como la sociedad concesionaria están legalmente obligados al cumplimiento del contrato concesional», advierte el Ministerio de Transportes en respuesta a una pregunta sobre la posibilidad de rescate de la AP-9 efectuada por el diputado del BNG, Néstor Rego.

La concesión debería haberse terminado en el 2012, pero una prórroga primero de UCD, otra posterior del PSOE y la tercera del PP, llevó el final de los peajes en el vial gallego hasta el 2048.

El Gobierno añade que no hay ninguna declaración de la UE que ponga en cuestión dichas prórrogas, aunque en realidad sí lo hizo en septiembre del 2021 el Consejo de Europa cuando remitió al Ejecutivo español una carta de emplazamiento exigiéndole que explique cómo se prorrogó por 25 años en el 2000 el contrato sin haberlo sometido a un nuevo concurso público.

«Exigimos transparencia al Gobierno, que explique qué argumentos jurídicos ha dado a Europa para defender la prórroga», exige Diego Maraña, presidente de la plataforma de consumidores En Colectivo, grupo que presentó la denuncia contra las prórrogas en la AP-9. Tanto la Comisión Europa como el Ministerio de Transportes indicaron ayer que no tienen permitido comentar nada del proceso y que no hay un calendario para su resolución.