Jueces progresistas piden al CGPJ que no torpedee el acuerdo con el Gobierno

La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha expresado públicamente su parecer después del acuerdo que jueces y fiscales firmaron con el Gobierno y que contempla una subida de 450 euros al mes en cada nómina. Esta asociación y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) fueron las primeras en aceptar la oferta planteada por los negociadores de los ministerios de Justicia y de Hacienda durante las reuniones de la comisión de retribuciones desarrolladas en el mes de mayo. Esas dos asociaciones también fueron las únicas que se desmarcaron de la amenaza de huelga anunciada por el resto de los grupos incluso antes del comienzo de las conversaciones.

El miembro del Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia, Edmundo Rodríguez Achútegui, aplaudió el acuerdo que las asociaciones judiciales alcanzaron con el Gobierno en materia de retribuciones el pasado 23 de mayo, y pidió a «algunos vocales» del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que no «torpedeen el acuerdo». A su juicio, el servicio público que constituye la Administración de Justicia «se ha zafado de una huelga de la judicatura a cambio de mejoras que han sido fruto de un largo esfuerzo y del consenso obtenido entre la mayoría de las asociaciones judiciales y fiscales».

Rodríguez habla de un acuerdo sustentado por la mayoría de las asociaciones reunidas en la mesa de retribuciones porque la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que es la mayoritaria en la carrera judicial, rechazó el pacto al considerarlo «insuficiente e indigno». Eso impidió el consenso entre los siete colectivos de jueces y fiscales que habían iniciado las negociaciones con el ministerio que dirige Pilar Llop.

Desde Juezas y Jueces para la Democracia se apunta que el proceso de negociación del incremento salarial no está cerrado, porque se pactó con el Gobierno la creación de grupos de trabajo y de una comisión de seguimiento que tendrá carácter anual, «lo que evitará tener que aguardar todo un lustro para obtener mejoras que faciliten avances en materias como guardias, trienios, retribuciones variables o complementos específicos».

Creación de nuevas plazas

Asimismo, el representante de esta asociación de jueces resalta el hecho de «haber arrancado esa continuidad, igual que haber incrementado de 200 a 300 plazas este año 2023 y otro tanto en 2024», lo que, a su juicio, supone «un avance sin precedentes en la negociación de las condiciones profesionales en que la judicatura realiza su importante labor».

Edmundo Rodríguez critica, una vez logrado el acuerdo, la actuación de varios vocales del Consejo General del Poder Judicial, porque, «aunque no representen a la judicatura, debieran desistir de su intento de anular esos acuerdos y avances, que suponen una mejora para la carrera judicial y para la sociedad». Al respecto, el magistrado añadió que los vocales del Consejo, que están en funciones y con su mandato caducado, tienen la obligación de actuar «con responsabilidad institucional», lo que a su juicio «debiera determinarlos a no criticar acuerdos adoptados mayoritariamente que han evitado un serio perjuicio a la Administración de Justicia y, al tiempo, han incorporado avances retributivos para la carrera judicial».

Los funcionarios de Justicia anuncian más protestas si no los reciben en el ministerio

Los sindicatos convocantes de la huelga indefinida a la que están llamados desde el lunes 45.000 funcionarios de la Administración de Justicia anunciaron nuevas concentraciones diarias mientras el Gobierno no retome el diálogo con ellos y no los cite para negociar.

A partir de mañana, los funcionarios se manifestarán dos días frente al Ministerio de Justicia, otros dos en la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid y uno ante el Congreso de los Diputados, para reclamar que se convoque la mesa sectorial de forma «seria y responsable», según explicaron desde CC.OO. en Madrid.

Alrededor de un centenar de delegados sindicales de CSIF, STAJ, CC.OO. y UGT ya protestaron el viernes frente al Ministerio de Hacienda y Función Pública para reclamarle a ese departamento y al Ministerio de Justicia su intervención en el conflicto, ya que la última vez que las partes se sentaron a negociar fue el pasado 24 de abril.

Según los sindicatos, el único contacto que han mantenido desde entonces con el Gobierno son los intercambios breves que se han producido en algunos actos a los que los funcionarios acuden para protestar. En concreto, cuentan que el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, les aseguró que convocará la mesa de negociación, pero no les indicó ninguna fecha.

Otros acuerdos

Tras los acuerdos a los que llegó con los letrados de la Administración de Justicia y con los jueces y fiscales, los funcionarios de los cuerpos generales, que representan el 93 % de la plantilla de la oficina judicial, acusan al Ministerio de Justicia y a su titular, Pilar Llop, de «clasismo», «negligencia» y «soberbia». Y desde el CSIF añaden: «Se ha ocupado de los cuerpos togados, pero de los 45.000 empleados públicos que todos los días sacamos adelante la Administración de Justicia se ha olvidado por completo».

Los funcionarios de Justicia reclaman una subida salarial de entre 350 y 430 euros brutos mensuales, además de la negociación de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO), que aseguran que perjudicará a la ciudadanía y generará «más lentitud e ineficacia» en el servicio público de Justicia.