PSOE y BNG cierran un acuerdo marco para gobernar las diputaciones de A Coruña y Lugo
Galicia
El documento prevé devolver a la Xunta competencias impropias, desde centros escolares hasta parques de bomberos, y la gestión de las vías interurbanas
30 Jun 2023. Actualizado a las 13:45 h.
Los responsables de Organización del BNG y el PSdeG, Bieito Lobeira y José Manuel Lage, han rubricado un acuerdo marco para el gobierno de las diputaciones de A Coruña y Lugo, que los socialistas Valentín González Formoso y José Tomé presidirán con el apoyo del Bloque.
El acuerdo reconoce las distintas posturas que mantienen ambos partidos sobre esas instituciones. El BNG defiende su supresión, por considerar que se encuadran en un modelo territorial ajeno a la realidad gallega. Los socialistas apuestan por reformarlas, evitando que sus competencias dupliquen las de otras Administraciones. Dado que su eliminación requeriría una nueva forma de organización del territorio, el pacto se centra en la necesidad de hacer de las diputaciones una herramienta relevante de apoyo a los ayuntamientos.
El documento propone ejecutar en los próximos cuatro años una delimitación de las funciones de esas entidades, ajustándolas a su marco competencial de forma estricta. Con ese fin, en los primeros tres meses de mandato, las dos diputaciones emplazarán a la Xunta a una negociación para transferirle todos los equipamientos y servicios que prestan de forma impropia, incluyendo centros docentes y de menores, bibliotecas, museos, teatros, centros deportivos, parques de bomberos, servicios de emergencias y otros. Además se negociará la transferencia a la Xunta de la red viaria principal interurbana.
El acuerdo prevé que los presupuestos de las diputaciones se incorporen a los de la Xunta, con el fin de coordinar la acción de esas Administraciones, y se avanzará en la coordinación de los servicios de recaudación tributaria y en la creación de estructuras comarcales de prestación de servicios con los ayuntamientos.
El documento subraya que el apoyo a los concellos debe ser el núcleo de la acción de las diputaciones, aunque partiendo de la obligación de corregir los desequilibrios territoriales, para lo que se consultará a las entidades locales sobre los criterios de elaboración de los presupuestos provinciales, entre otras medidas.
El texto insiste en que se aplicarán criterios equitativos para garantizar la igualdad de servicios básicos a toda la población, dando prioridad a competencias propias como la prestación de servicios de competencia municipal y la red viaria provincial. Además compromete el apoyo de las instituciones a los sectores estratégicos de cada territorio, la recuperación de la memoria democrática, la normalización lingüística, las políticas de igualdad y la lucha contra la despoblación.
El documento es un acuerdo marco. El reparto de responsabilidades en cada diputación se concretará en pactos específicos -la de Lugo se constituyó hoy y la de A Coruña lo hará el próximo 18 de julio-, pero el texto sí marca unas guías para conformar esos gobiernos. La distribución implicará una delegación plena de competencias, con firma delegada de convenios y contratos en áreas concretas, y autorización de gasto hasta la cuantía fijada en la ley de contratos. Esas delegaciones no serán objeto de advocación de competencias excepto en casos de urgencia. El texto también subraya que se garantizarán ejecutivos no presidencialistas, eliminando las partidas presupuestarias de uso discrecional por quien ostente ese puesto. El presupuesto para subvenciones nominativas estará limitado a un máximo del 5 % del total. Las decisiones se tomarán de forma colegiada y por consenso, y habrá reuniones previas de los grupos políticos para estudiar los proyectos que se llevarán a las juntas de gobierno. Solo en caso de justificada y extraordinaria urgencia se podrán incluir asuntos que no hayan pasado por ese proceso. El orden del día de las mismas será formulado por el presidente, pero si hay un desacuerdo en algún punto no será incluido hasta que se resuelvan las controversias de forma negociada por los dos partidos.
Las dos formaciones prevén hacer el acuerdo público en aras de la transparencia,con lo que también esperan marcar un contraste respecto al pacto alcanzado por el PP y Democracia Ourensana en el Ayuntamiento y la Diputación de Ourense.