El Gobierno negocia con Bruselas eludir el pago de peajes en las autovías a cambio de mantener los incentivos al tren

El Gobierno se comprometió en el 2021 con la Comisión Europea a establecer, a partir del 2024, un sistema de pago en las autovías gratuitas y en las autopistas liberadas de la concesión. Estas medidas, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez defendía abiertamente hasta que llegó la campaña electoral del 23J y comenzó a renunciar a ellas, perseguían tres objetivos que en buena parte se basaban en las directrices del Pacto Verde Europeo. Por un lado, crear un mecanismo de pago por el uso de la red viaria «con arreglo al principio de que quien contamina paga». Por otro, converger con un gran número de países que ya han establecido tasas o peajes en su red de carreteras. Y, por último, «desarrollar un sistema de pago para cubrir los costes de mantenimiento».

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, estuvo este martes en Bruselas para presentar las prioridades de la Presidencia española de la UE en esta materia. Allí, planteó a la Comisión Europea una serie de medidas alternativas para evitar el pago por el uso de las autovías, una medida muy impopular que su equipo consideraba necesaria, aunque después se matizó que se trataba de una exigencia de la Comisión. Raquel Sánchez explicó allí que, en una adenda al Plan de Recuperación, se incluyen una serie de propuestas alternativas «que van en la línea de reforzar muchas medidas que ya se han aplicado, como incentivar el transporte público y el ferroviario». Y el Ejecutivo comunitario ha aceptado, a cambio de no cobrar en las autovías, medidas encaminadas a favorecer la movilidad colectiva y sacar vehículos privados de la carretera. Por tanto, el que contamina no pagaría, pero se reducirían las emisiones promocionando el transporte colectivo o limpio, como el ferrocarril. Si la Comisión acepta esta propuesta, España recibiría el pago de 8.000 millones de euros. «Se ha avanzado mucho y se están manteniendo conversaciones constructivas con las autoridades españolas con vistas a finalizar la evaluación lo antes posible», ha confirmado una portavoz de la Comisión a Europa Press.

Lo interesante de este trueque político, sin embargo, es que de las palabras de la ministra se infiere que puede haber continuidad para las medidas puestas en marcha para fomentar el transporte público, que terminan el próximo 31 de diciembre. Tal vez la gratuidad absoluta del ferrocarril sea difícil de reeditar, y la incertidumbre política puede complicar la adopción de nuevas medidas sin hay elecciones de nuevo y el Gobierno sigue hasta enero en funciones. Pero parece evidente que hay que aprovechar el cambio de hábitos de un buen número de usuarios y evitar volver al sistema tarifario previo a la gratuidad, que ya lleva un año en vigor. Algunas fuentes dan por hecho que Pedro Sánchez anunciaría estas medidas en su discurso de investidura. Ya hay propuestas sobre la mesa de usuarios y organizaciones ecologistas como Greenpeace, en la línea de crear abonos más ventajosos que los anteriores para favorezcan a los viajeros recurrentes. Por ejemplo, aplicando las tarifas de las cercanías a la media distancia.

La idea favorece a los usuarios de las autovías y a los del transporte público, pero supone un desafío presupuestario: habrá que seguir sosteniendo la conservación de las carreteras con los impuestos de todos y las subvenciones a Renfe para mantener las futuras obligaciones de servicio público. La última palabra la tendrán Bruselas y la situación política doméstica en España.