Unanimidad para que Galicia gestione y ordene sus 2.555 kilómetros de costa

No es habitual que los tres grupos del Parlamento gallego se pongan de acuerdo en un asunto, y tampoco alrededor de la gestión y ordenación del litoral han logrado hacerlo. Lo que sí tienen claro es que esta es una competencia que en esta legislatura debe ser transferida a Galicia para poder decidir sobre sus más de 2.555 kilómetros de costa, reivindicación que también apoyan empresarios y trabajadores del sector.

La Xunta aprobó a finales de abril el proyecto de Lei de ordenación e xestión integrada do litoral de Galicia para adaptar la regulación de la costa a la realidad gallega y buscar el equilibrio entre la protección de la naturaleza y la actividad socioeconómica. La Cámara autonómica dio después luz verde al texto con el voto a favor del PP y las abstenciones de BNG y PSdeG, que planteaban dudas sobre la fórmula empleada para obtener la competencia. Antes que ellos lo había hecho ya el Gobierno central, alertando sobre la «inconstitucionalidad» de la norma. Tras su aprobación, acudió al Tribunal Constitucional, que admitió a trámite el recurso y suspendió parcialmente su aplicación, en torno a un 15 % de los preceptos de la ley.

A pesar del conflicto abierto entre ambas Administraciones, la nueva legislatura abre una ventana de oportunidad a que el Estado termine transfiriendo esta competencia, que ya traspasó a otras cuatro comunidades autónomas que previamente habían modificado sus respectivos estatutos de autonomía, requisito que el Ejecutivo central pide a la Xunta.

El Gobierno gallego entiende que el desarrollo de esta competencia ya está recogido en su Estatuto, con una redacción idéntica al del País Vasco en este ámbito cuando PSOE y PNV han pactado ceder las materias pendientes en materia de ordenación del litoral a cambio de investir a Pedro Sánchez sin necesidad de reformar su norma institucional básica.

Tanto PSdeG como BNG coinciden en que Galicia reciba el traspaso de esta competencia, con los nacionalistas llegando a presentar dos proposiciones de ley en el Parlamento para ello que fueron rechazadas. El PSdeG pide hacer uso de una de las tres alternativas que ofrece la Constitución: una reforma exprés del Estatuto, una ley orgánica de transferencia de competencias o una comisión bilateral con el Estado.

La unanimidad ante este tema que ha acabado en el Constitucional —que tardará años en decidir— debería resolverse a través de un pacto entre Xunta y Estado para dar seguridad jurídica también a empresas que operan en el litoral.

4.000 edificios en peligro

El Gobierno gallego argumentó su norma en que el Ejecutivo central lleva desde el 2018 encadenando una serie de actuaciones «co único obxectivo» de eliminar cualquier vestigio de presencia humana de la costa «sen considerar as súas posibles consecuencias» para el sector de la cadena mar-industria.

Apuntan a la Ley de Cambio Climático y el nuevo reglamento general de Costas, que modificaron la duración de las concesiones en dominio público marítimo-terrestre y sus prórrogas, y el recorte en el tiempo añadido al que tienen derecho, pasando de 75 a 30 años. Además, la normativa estatal prohíbe cambiar el uso de las edificaciones dentro de la zona de protección, lo que ahuyenta a los inversores. También está el Plan Estratégico Nacional para la Protección de la Costa Española, que aboga por una reducción progresiva de las construcciones en el litoral hasta el 2045. Según las estimaciones de la Xunta, estos planes aprobados en Madrid ponen en riesgo más de cien empresas gallegas y otras 4.000 edificaciones como centros de salud o colegios localizadas en el dominio público marítimo-terrestre.

Para blindarse contra los cambios de uso que fija la normativa estatal, la Xunta desarrolló su propia ley para garantizar el autogobierno pleno sobre la franja costera. El marco legal aprobado convirtió a Galicia en la primera comunidad en regular su litoral en toda su extensión: la zona terrestre e intermareal, y también la marina hasta las 12 millas. Divide en tres áreas la costa según su estado de conservación, y crea siete usos estratégicos para el desarrollo económico y social de Galicia.

La Xunta insta al Gobierno a retirar su recurso contra la ley

La vicepresidenta segunda de la Xunta y conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, envió una carta por escrito a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, invitándola a retirar el recurso ante el Constitucional que suspendió parte de la norma. Entre tanto, el Gobierno gallego presentará las alegaciones correspondientes antes de que finalice el plazo el próximo miércoles 20. La Xunta interpreta que «quedou en evidencia» que no es necesario reformar el Estatuto para completar los traspasos pendientes a Galicia en materia del litoral, y que el rechazo estatal a la norma gallega, al igual que su recurso de inconstitucionalidad, se basa más en «fundamentos políticos e partidistas» que legales.