El Gobierno reactiva la reforma de la Ley del Suelo sin saber si tendrá respaldo en el Congreso

El Consejo de Ministros aprobó este martes el texto para la modificación de la Ley estatal de Suelo y Rehabilitación Urbana para que inicie su tramitación en el Parlamento. El texto es el mismo que decayó en la anterior legislatura y que no se pudo tramitar en las Cortes por la convocatoria de elecciones. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, considera que dará «seguridad jurídica» y «evitará que los errores de carácter formal que sean subsanables» puedan conllevar la nulidad total de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística. Las modificaciones afectan esencialmente a los trámites procedimentales, a la legitimación para el ejercicio de acciones y a la identificación de los posibles vicios que pudieran comportar su declaración de ilegalidad.

Sin embargo, el Gobierno no sabe qué respaldo podrá lograr en el Congreso. Su socio de coalición, Sumar, critica el recorte de los motivos de nulidad de los proyectos y considera que se limita la capacidad de intervención de la administración pública. Tampoco gusta a otros grupos parlamentarios de izquierda, como Podemos. La secretaria de Acción Institucional de Podemos y coportavoz del partido, María Teresa Pérez, señaló que esta reforma «da vía libre a la cultura del pelotazo» y servirá para que los «fondos buitre» puedan «especular sin límites» Por el contrario, la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCEspaña) cree que la reforma aportará mayor seguridad jurídica, lo que permitirá acelerar la construcción de vivienda. Para el presidente de APCEspaña, Juan Antonio Gómez-Pintado, «si queremos hacer frente a la falta de oferta de vivienda de nuestro país y las dificultades de accesibilidad necesitamos desarrollar y gestionar suelo de manera más eficaz y con mayor seguridad jurídica».

Sin embargo, desde Ecologistas en Acción señalan que «la modificación de la Ley de Suelo estatal pretende poner freno a las sentencias que declaran nulos de pleno derecho planeamientos urbanísticos por su ilegalidad. Recorta la acción pública, el derecho de la ciudadanía a recurrir el urbanismo ilegal». Lo que actualmente sería un planeamiento nulo por la ausencia de un informe sectorial, podría «librarse» aportándolo con posterioridad. Esta solución, dicen los ecologistas, tendría un efecto perverso que solo beneficiaría al promotor.

El nuevo texto normativo pretende disminuir el riesgo de nulidades, reduciendo la posibilidad de que la ciudadanía recurra a los tribunales, señalan desde Ecologistas en Acción. Llega a modificar, solo para cuestiones urbanísticas, la condición de parte interesada que atribuye la Ley de Procedimiento Administrativo. Además acota las cuestiones que podrán recurrirse y el plazo para ello, limitando a cuatro años el recurso indirecto que actualmente carece de límite temporal. A juicio de Ecologistas en Acción, esta modificación es una de las más graves por la afección a un derecho ciudadano consolidado, la acción popular, y por su dudosa constitucionalidad.

Por último, el anteproyecto presentado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana introduce nuevo articulado que permite cancelar la constancia registral del derecho de reversión, fundamentalmente en las expropiaciones urbanísticas integradas en expedientes de equidistribución de cargas y beneficios (reparcelaciones). Este articulado autoriza que los terrenos expropiados para un fin público y social, que no se incorporan al mismo por falta de ejecución pero cuyo derecho de reversión consta inscrito en el Registro de la Propiedad, pueda ser cancelado cuando pasa a una nueva propiedad privada.

Este articulado está redactado ad hoc para desbloquear la operación Chamartín o Madrid Nuevo Norte, según la organización ecologista, que explica que buena parte del suelo expropiado (actualmente propiedad de ADIF) no puede traspasarse al promotor Crea Madrid Nuevo Norte (formado por la entidad financiera BBVA, constructora San José y la socimi Merlin Properties) por los problemas de inscripción registral, derivados de los derechos de reversión, todavía inscritos, a nombre de los propietarios originales de los terrenos.