El BNG denuncia una «privatización» por parte de la Xunta de los centros de crisis para víctimas de violencia sexual

El BNG considera que la Xunta, gobernada por el PP, está impulsando un proceso de «privatización» de los centros de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual que se situarán en centros de especialidades y hospitales públicos de Ferrol, Vigo, Lugo, Santiago y Ourense. Reclama que la gestión de dichos centros sea pública, no cedida a empresas, y que se atiendan con personal de la Consellería de Sanidade.

Estos centros prestarán atención especializada a mujeres víctimas de violencia, con asistencia psicológica, jurídica y social los siete días de la semana y los 365 días del año. Según anunció la Xunta la semana pasada, entrarán en funcionamiento en el último trimestre de este año y en cada centro habrá siete profesionales: tres psicólogos, dos trabajadores sociales, un auxiliar y un asesor jurídico. La iniciativa tiene respaldo de fondos del Gobierno estatal.

La viceportavoz primera del BNG y portavoz de la formación para asuntos de Política Social e Igualdad, Olalla Rodil, censuró este lunes que la Xunta tenga en licitación la gestión de estos centros a través de empresas privadas. «No BNG temos claro que os dereitos e a atención das mulleres en situación de violencia machista non poden quedar en mans destas empresas», consideró la nacionalista, que acusó a la Xunta de tener «afán privatizador» y destinar 7,5 millones de euros a que «empresas multiservizos engorden o seu negocio a conta dos dereitos das mulleres».

«Desde o BNG pedímoslle á Xunta que paralice esta privatización e garanta a xestión pública destes centros de crise a través do persoal da Consellería de Sanidade, que foi quen asumiu a creación destes centros nun contrato de colaboración asinado co departamento de Igualdade en febreiro do 2023», reclamó Rodil, entendiendo que estos centros de crisis suponen un servicio «esencial» y muy «sensible».

Precarización

La licitación de la gestión de los cinco nuevos centros estará abierta hasta el próximo 22 de julio. Las condiciones recogidas en los pliegos suponen, a juicio de la diputada del Bloque, una «precarización» de las condiciones laborales de los futuros trabajadores y de la atención a las usuarias. Así, consideró «un despropósito» la intención de atender con siete personas un centro que abrirá 24 horas al día, 365 días al año, y censuró también que esté previsto que los contratos sean de media jornada.

Además, la nacionalista deslizó como «curioso» que la empresa Eulen «leve semanas buscando persoal para xestionalos e antes de que se peche o proceso de licitación».

Preocupación por una posible judicialización del proyecto de Altri

Por otro lado, la viceportavoz del BNG en el Parlamento de Galicia, Olalla Rodil, reiteró este lunes la «enorme preocupación» que existe en su formación ante la posible implantación de una macrocelulosa del grupo portugués Altri en Palas de Rei (Lugo), y consideró que el proyecto puede acabar judicializado, coincidiendo así con la apreciación que hizo este fin de semana el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), José María Gómez y Díaz-Castroverde, señalando que es susceptible de acabar ante la justicia.

Rodil volvió a reclamar a la Xunta que «free ese disparate», asegurando que existe una «maioría social» contraria a la «auténtica bomba ambiental» que la planta de fibras de Altri supondría en la comarca de A Ulloa. Pidió que primar «o interese xeral» sobre el interés económico de una empresa, y que el Gobierno gallego «non autorice a implantación da macrocelulosa».