La Autoridad Fiscal advierte a Galicia sobre el riesgo de incumplir la regla de gasto

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) —el organismo que tiene como cometido velar por la estabilidad presupuestaria— ha pedido al Ministerio de Hacienda que active las medidas correctivas para reconducir la desviación del gasto público. Un desequilibrio que afecta a todas las Administraciones públicas y que va camino de alcanzar este año los 11.000 millones de euros. La advertencia se ha hecho en base a los datos sobre el ritmo de ejecución presupuestaria en la primera mitad del año, y se dirige a todas las comunidades autónomas, incluida Galicia. Respecto al caso gallego, sigue apreciando riesgo de incumplimiento de la regla de gasto y estima que su cumplimiento llevaría a la comunidad a un superávit del 1,1 % del PIB. El gasto computable en Galicia creció un 9,3 % en el 2023. Considerando este punto de partida y la previsión actual de empleos y gasto financiado con fondos europeos para el 2024, la AIReF estima que este año el gasto computable a efectos de la regla de gasto aumentará un 9 %, superando el límite individual del 2,6 % vigente para este año y comprometiendo el cumplimiento de la recomendación específica por país emitida para el 2024 por el Consejo Europeo.

Facenda, en cambio, sostiene que se mantendrá en los parámetros de gasto previstos inicialmente y que cerrará en el ejercicio según lo planeado. Así se lo ha hecho saber al organismo en las alegaciones formuladas. La comunidad mantiene el saldo de equilibrio estimado para el 2024 en sus planes presupuestarios de marzo, y prevé que el gasto computable en el 2024 crecerá un 2,6 %. Las principales discrepancias con las estimaciones de la AIReF se centran en los ingresos del sistema de financiación autonómica y en los empleos no asociados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), para los que la comunidad estima un menor crecimiento al cierre.

Según la AIReF, en España, el gasto computable está creciendo entre un 4 y un 11 % interanual, muy por encima del límite fijado por el Gobierno (el 2,6 %). También afectará a la mayor parte de las corporaciones locales, donde está aumentando un 7,3 %.