La ley mordaza recaudó en Galicia 50 millones por llevar o tomar drogas en público

Casi 77,3 millones de euros por más de 125.300 multas. Ese es el balance de las sanciones impuestas en Galicia por la ley de Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como ley mordaza, desde su entrada en vigor en julio del 2015. Han pasado nueve años de la creación de una normativa polémica desde el inicio de su redacción como proyecto, en un contexto de grandes movilizaciones en las calles. Entre las principales críticas, el hecho de que varios apartados regulen como sanciones administrativas conductas que antes estaban tipificadas como faltas en el Código Penal.

A pesar del rechazo de todo el arco parlamentario a excepción del PP —que la aprobó en solitario— y las promesas de PSOE o Sumar por derogarla, no ha sido siquiera modificada aún. Enmendar esta normativa, algo que urgen los aliados parlamentarios del Gobierno, será un asunto que abra el nuevo período de sesiones en el Congreso. Por lo de pronto, ha supuesto la aplicación de 2,1 millones de sanciones en toda España y 1.300 millones de euros en multas.

En el caso gallego, como sucede en el resto del Estado, la gran mayoría de las infracciones tienen que ver con el consumo o tenencia de drogas. El consumo o tenencia ilícita de drogas en espacios públicos supuso el año pasado la aplicación de 8.919 sanciones, que representaron un total de 6.617.984 euros. Las infracciones relacionadas con drogas y estupefacientes han supuesto, desde el 2015, la recaudación de más de 51 millones de euros en multas.

La ley ampara que la policía pueda realizar registros a cualquier persona cuando existan «indicios racionales para suponer que puede conducir al hallazgo de instrumentos, efectos u otros objetos relevantes» para que los agentes procedan al ejercicio de las funciones de «indagación y prevención».

Otras ilícitos significativos incluyen el portar, exhibir o usar armas prohibidas fuera de los lugares habilitados, con 1.194 sanciones y un coste de 770.625 euros el año pasado, así como la desobediencia o resistencia a la autoridad, que ha resultado en 1.074 sanciones por un total de 702.231 euros.

El pico en pandemia

Este último caso se disparó en el 2020, año en el que la población gallega estuvo confinada como consecuencia del coronavirus entre marzo y junio, mes en el que se inició una desescalada de las restricciones progresiva. El artículo 36.6 de la ley mordaza castiga la «desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones», así como la negativa de los ciudadanos a identificarse y ofrecer «datos falsos o inexactos en los procesos de identificación». Durante la pandemia pasó a constituir la principal infracción, con 16.870 sanciones y 10.160.946 euros en multas.

El resto de infracciones se desplomaron, como consecuencia de la privación de libertad para salir a la calle, pero la recaudación este año pasó a ser la mayor, por encima de los 10,1 millones de euros, por la aplicación de este artículo.

Más ocupaciones en Ourense

El consumo o tenencia de drogas fue la principal infracción el año pasado en las cuatro provincias, pero hay diferencias en el resto de elementos sancionados. Así, el 13 % de las infracciones en Ourense estuvieron relacionadas con la ocupación de inmuebles, cuatro puntos más que en Lugo. También destaca en esta provincia las multas impuestas por portar, exhibir o usar armas prohibidas, que acapararon también el 13 % del total, más del doble que en Pontevedra.