La Xunta presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía

El Gobierno gallego interpondrá un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. La decisión se ha tomado hoy lunes, en la primera reunión del Consello de la Xunta del curso político celebrada esta mañana. El presidente, Alfonso Rueda, explicó que el recurso esta avalado por el Consello Consultivo de Galicia y se ha adoptado a instancia de la Dirección Xeral de Asuntos Constitucionais, que depende de la Presidencia.

El nuevo curso se quiso así arrancar con la interposición de un recurso de inconstitucionalidad muy simbólico, contra la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Ese texto, según el Gobierno gallego, contradice la Constitución y principios básicos del sistema democrático como la separación de poderes, la seguridad jurídica o la igualdad.

La ley de amnistía fue negociada y pactada por el PSOE con los partidos independentistas catalanes, Esquerra Republicana de Catalunya y Junts per Catalunya, con el fin de lograr la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, el pasado noviembre. La norma ha sido recurrida por otros gobiernos autonómicos, incluyendo el de Castilla-La Mancha, que dirige el también socialista Emiliano García-Page.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, explicó que el recurso esta avalado por el Consello Consultivo de Galicia. La acción del Gobierno gallego se dirige contra la ley «no seu conxunto e, en todo caso, contra os artigos 1, 2, 4, 5, 8 e 10 desta». Los artículos 1 y 2 definen el ámbito de aplicación de la ley, que en el tiempo se extiende del 1 de noviembre del 2011 al 13 de noviembre del 2023, y las excepciones a la misma. Los 4, 5 y 8 detallan los efectos de la ley sobre la responsabilidad penal, la responsabilidad administrativa y la responsabilidad civil y contable de los implicados en el llamado Procés independentista.

Por último, el artículo 10 recoge la tramitación «preferente y urgente» de la ley de amnistía por los órganos judiciales, administrativos y contables «cualquiera que fuera el estado de tramitación» de los procesos que estuviesen instruyendo. También señala que las decisiones para aplicar la ley se deberán adoptar «en el plazo máximo de dos meses», sin perjuicio de posibles recursos, que «no tendrán efectos suspensivos».

El recurso, explicó Rueda, se fundamenta en cinco argumentos principales. El primero es que la ley, de acuerdo con el análisis de la Asesoría Xurídica de la Xunta, contradice artículos de la Constitución. Entre ellos el 9.1, que dice: «Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico», dijo.

Además, los servicios jurídicos consideran que la ley tiene «consideración arbitraria» y «quebra co principio de igualdade». También considera que vulnera el principio de separación de poderes al «deixar sen efecto decisións firmes adoptadas polo poder xudicial» e que «quebra o principio de seguridade xurídica» al actuar en un ámbito tan amplio de carácter «indeterminado a propósito», afirmó el presidente de la Xunta.

Galicia se suma así al extenso listado de comunidades autónomas que han recurrido la ley de amnistía. Hasta la fecha habían anunciado medidas judiciales contra el texto los gabinetes de la Comunidad de Madrid, Andalucía, Región de Murcia, Baleares, Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura y Cantabria, todas gobernadas por el Partido Popular. En el caso de Aragón, ese anuncio se materializó también hoy. Su presidente, Jorge Azón, afirmó que presentarán el recurso antes del 11 de septiembre, cuando concluye el plazo, e insistió en que la ley «rompe con la igualdad, la legalidad, el Estado de derecho y la Constitución».

El texto también ha sido recurrido por Castilla-La Mancha, gobernada por el socialista Emiliano García-Page. Como en el caso de Galicia, en esa comunidad se encargó un dictamen al Consejo Consultivo, que consideró que la norma incurre en causas de inconstitucionalidad y vulnera el principio de igualdad.

El PP también tiene previsto interponer un recurso propio contra la norma, que fue descrita como una «mala ley» por su secretaria general, Cuca Gamarra. Su jefe de filas, Alberto Núñez Feijoo, ha abierto la puerta además a que se sumen al recurso otras formaciones, como puede ser el caso de Vox, que comparten su rechazo a la ley.