El Gobierno da por hecho que será la Justicia Europea quien decida si fue legal prorrogar la concesión de la AP-9 hasta el 2048

El Gobierno de España no se plantea negociar con la Comisión Europea una salida a los procesos de infracción abiertos desde Bruselas contra la prórroga de la concesión de la AP-9 hasta el 2048. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha mostrado esta tarde en el Senado su convencimiento de que el Ejecutivo comunitario no admitirá por segunda vez los argumentos que remitió este verano la Administración española, justificando de nuevo el estiramiento del contrato de la autopista llevado a cabo en el año 2000 por el Gobierno de José María Aznar, sin la transparencia exigida ni haber convocado un concurso para garantizar la igualdad de oportunidades entre posibles interesados, como reprocha la Comisión. 

«La AP-9 se encuentra en estos momentos sometida a un proceso de revisión por parte de la Comisión Europea. No puedo dar datos de ese expediente, pues tiene el carácter de reservado y confidencial. Pero lo que se discute es si la decisión tomada por José María Aznar está o no revestida de legalidad, una discusión, por cierto, que no concluirá cuando se ponga fin al expediente abierto por la Comisión, sino que probablemente terminará en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea», contestó así Puente a una pregunta en el pleno de la senadora del BNG, Carme Da Silva, sobre la situación concesional de la infraestructura gallega. 

El ministro avanzó así su escasa confianza en que sean admitidos los argumentos de España, basados principalmente en el hecho de que la prórroga se hizo en favor de una empresa pública y no se benefició con ello a ningún concesionario privado en detrimento de otros competidores. Bruselas ya ha dicho en dos ocasiones que no admite dicha explicación, dado que estima que la prórroga que sigue habilitando el cobro de peajes entre el 2023 y el 2048, se hizo para elevar el valor de la AP-9 primero y privatizarla solo tres años después. «Al Gobierno no le queda otra que ser prudente y defender la legalidad», continuó el socialista señalando así su consideración de la que la prórroga no ha vulnerado principio legal alguno, aunque deslizó que el Gobierno actual no la comparte.

En su intervención en la Cámara Alta, el responsable de Transportes enfrió las expectativas del BNG y de los usuarios de las autopistas estatales en la comunidad gallega. En su respuesta a la pregunta del Bloque que motivó su comparecencia en el Senado, Puente hizo oficial que los nuevos descuentos en los peajes comprometidos con los nacionalistas a cambio de su voto a favor de la investidura de Pedro Sánchez, corren el riesgo de no poder implantarse en el 2024 como está firmado entre las dos formaciones. El ministro aseguró que la caja de su departamento no cuenta aún con los 27 millones de euros que estima serían necesarios para rebajar la factura mensual a los usuarios más frecuentes de la AP-9, ni para extender todas las bonificaciones y rebajas de esta autopista a la AP-53, Santiago-Dozón. PSOE y BNG habían acordado elevar de un 30 a un 50 % el descuento a los usuarios superrecurrentes, los que hagan 20 viajes al mes o más en un mismo recorrido. Los nacionalistas entendieron el mensaje, sin embargo, como una puerta abierta a la búsqueda de una fórmula que permita disfrutar aún de esos descuentos antes de que acabe el año. El ministro puso en valor, en todo caso, el hecho que desde el 2018 la Administración central haya pagado 280 millones de euros en bonificaciones y rebajas en la AP-9, entre otras circunstancias, para que el regreso en el día le resulte gratuito a quienes paguen con telepeaje.

La senadora del BNG instó por su parte al Gobierno central, a pesar de los anuncios de hoy de Óscar Puente, a negociar con la Comisión Europea una salida pactada al proceso de infracción abierto sobre la legalidad de la prórroga de la AP-9, como está reclamando el propio Ejecutivo comunitario, como informó La Voz, así como a cumplir con la propia palabra del ministro cuando aseveró en el Senado el 9 de abril «tener el presupuesto suficiente para cumplir con los compromisos adquiridos con la ciudadanía y distintas formaciones políticas». Da Silva no aceptó, por ello, la explicación ministerial con la que alegó falta de fondos, advirtiendo que en ambos casos «se trata de voluntad política. No sigan alegando ante la Comisión Europea, no judicialicen este tema», dijo desde su escaño. 

«Queremos que la AP-9 sea gallega y libre de peaje. La hemos pagado ya muchas veces y es una estafa. Es una cuestión de justicia y de voluntad política. Hubo dinero para rescatar las radiales madrileñas y tiene que haber dinero para Galicia». concluyó la senadora nacionalista, quien no sería replicada en un segundo turno por el ministro.