La Xunta vetará desde enero la venta de vivienda protegida en el mercado libre para evitar la especulación

Vender una vivienda usada de protección pública a precios del mercado libre no será posible en Galicia a partir del 1 de enero. La Xunta se dispone a modificar la Lei de Vivenda de Galicia para blindar en ella la vivienda pública para que con carácter «permanente e indefinido» mantenga su protección y, con ello, una limitación en sus precios de compra o alquiler. Ese cambio se hará a través de la ley de acompañamiento de los Presupostos, un atajo para modificar de golpe varias normas.

Galicia sigue así la senda abierta en el año 2002 por el País Vasco, y hace dos años por Navarra. Intenta evitar que el parque de promociones de viviendas públicas se convierta en canal de especulación inmobiliaria al ofrecerse a precios de mercado libre construcciones hechas con precio protegido. La reforma persigue, igualmente, evitar que decrezca el número de hogares con protección al perder esa condición al cambiar de manos.

La medida la anunció en Vigo la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue. Tras visitar las obras de urbanización de una nueva fase del polígono de Navia —que acogerá 1.600 viviendas protegidas—, constató que hogares levantados bajo promoción pública desde el año 2000 en esta área residencial próxima a la playa de Samil, ya han sido vendidos sin ningún tipo de limitación.

«Estableceremos a partir do 1 de xaneiro do 2025 unha duración indefinida e permanente de protección de todas as vivendas de promoción pública, pero tamén daquelas vivendas de protección autonómica, é dicir, as vivendas de protección privada que sexan construídas en chan desenvolvido por un promotor público», precisó Martínez Allegue.

La conselleira apostilló que bajo ese nuevo paraguas legal serán construidas las viviendas del polígono de Navia, al que puso como ejemplo del modelo que quiere extender la Xunta al resto de Galicia: «Construcións de calidade, con espazos verdes, con espazos para a práctica de deportes, con espazos para o asentamento de novas familias e de novos negocios e, por suposto, cos servizos precisos para eses fogares, como instituto ou centro de saúde».

En el asentamiento urbano más reciente de Vigo, ideado durante los gobiernos de Manuel Fraga, residen unas 12.000 personas, lo que lo situaría entre los cincuenta concellos con más población de Galicia.

Martínez Allegue desgranó en su comparecencia algunas de las medidas que en materia de vivienda contemplarán los presupuestos de la Xunta para el 2025, que hoy serán presentados. Estas cuentas incluirán 100 millones de euros para la construcción de nuevas viviendas públicas y 20 millones más para la gestión de nuevos suelos residenciales.

Eso sí, no perdió la oportunidad de exigir al Gobierno central que aporte más fondos europeos a las comunidades para vivienda y elabore un plan estatal. «Deixen de pedir máis implicación ás comunidades e póñanse á altura do gran problema que temos en todo o país, que é o acceso á vivenda. Antepoñan os intereses dos cidadáns aos intereses partidistas», exigió al Ejecutivo.

El cambio en el blindaje de las viviendas protegidas llegará tan solo tres años después de que la Xunta aumentase el tiempo de protección de las viviendas de promoción pública de 30 a 50 años. Medio siglo se consideró un margen suficiente como para eliminar las viviendas protegidas de los circuitos de la especulación. «Isto implica que teñan limitación de destino, de acceso e de prezo durante vinte anos máis», señalaba la Consellería de Vivenda cuando el Gobierno dio el anterior paso. Ahora se redobla el mensaje estableciendo que las nuevas viviendas públicas protegidas y las levantadas por iniciativa privada en suelo público mantendrán para siempre su protección jurídica y de precio.

Navarra aplicó la misma medida hace dos años, pasando de 30 años a indefinida para todas las viviendas que obtuvieron calificación a partir del 15 de julio de ese año. En el País Vasco idéntico paso se dio en el 2002, elevando el margen de 20 años a indefinido, pero con excepciones que lo reducen a 30 años en determinados casos de arrendamiento y herencias.

El blindaje a la protección pública de las viviendas fue propuesto este año por el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), cuya secretaria, María Luisa Pierres, advertía el pasado mayo en La Voz que la clave para que la oferta de viviendas públicas fuese estable radica en que dichos pisos no se desprotejan a los 20 o 25 años de su construcción.