Más de 6.500 personas fallecieron en Galicia desde el 2017 esperando ayudas a la dependencia

Desde el 2017, más de 6.700 personas fallecieron en Galicia estando en las listas de espera de la dependencia. Es el cálculo realizado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales a partir de datos oficiales ofrecidos desde el citado año. En concreto, estiman que cerca de 840 personas murieron estando pendientes de que les reconociesen el grado de dependencia, y otras 5.700 en lo que ha venido en llamarse una situación de limbo, es decir, con derecho reconocido a una ayuda, pero sin recibirla efectivamente.

El porcentaje de dependientes fallecidos mientras esperaban una prestación en Galicia sería del 1,7 %, entre los más bajos de España. La cifra solo es menor en Cantabria (0,9 %), La Rioja (0,8 %) y Navarra (0,5 %). En el extremo contrario, el porcentaje de Cataluña llegaría al 26,5 % y el de Andalucía, al 21,4 %.

Así lo recoge un informe elaborado por la asociación con motivo de la mayoría de edad de la actual Ley de Dependencia, aprobada en el 2006. El estudio calcula, a partir de cifras del Portal de Transparencia y estimaciones, distintas cuestiones. Por ejemplo, que unos 3,7 millones de personas han recibido atenciones del Sistema de Atención a la Dependencia en estos 18 años. Pero también que, en el mismo tiempo, el número de personas que han fallecido en las listas de espera puede alcanzar las 900.000 personas en toda España.

«Después de 18 años de la ley, el reconocimiento del derecho sigue sin resolverse de manera diligente, con tiempos medios de gestión que en algunas comunidades autónomas superan el año», indica el informe. De hecho, calculan que, si bien el tiempo medio de resolución en España venía reduciéndose desde los 426 días que había en el 2019, este 2024 parece que acabará con una subida de seis días con respecto al año anterior, dejando la media estatal en 330. Cinco comunidades estarían por encima de esa espera promedio: Andalucía con unos llamativos 618 días, Canarias con 574, Murcia con 514, Galicia con 387 y Asturias con 339. Solo el País Vasco (128 días) y Castilla y León (126 días) cumplirían con el plazo fijado en la ley, que establece que la demora no deberá superar los seis meses.

La asociación considera los retrasos «impresentables» y fruto de sucesivos recortes en la financiación de la ley, así como de un «disparatado y proceloso entramado burocrático». «Ante de los anuncios de aprobar una nueva Ley, consideramos de justicia que se cumpla la aprobada hace 18 años», reclaman.