El Parlamento aprueba los presupuestos de la Xunta tras rechazar las 1.195 enmiendas de la oposición

El resultado era ya conocido desde el momento en el que el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, entregó a mediados de octubre el proyecto de Orzamentos de la Xunta para el 2025, que este mediodía vio luz verde con el único voto a favor del PP para su entrada en vigor el próximo 1 de enero. Los primeros presupuestos de la legislatura ascenderán así a 13.954 millones de euros, un 2,6 % más que los de este año.

La oposición mantuvo para el pleno 1.195 enmiendas, todas ellas rechazadas en la votación, y después de que tan solo una del PSdeG (referente a la musealización de un cuartel en Lugo) fuese transaccionada con los populares durante el trámite previo en comisión. El interés en este pleno extraordinario estuvo, por tanto, en el fondo del debate, que nacionalistas y populares quisieron llevar a la manifestación del domingo contra el proyecto de Altri en Palas de Rei y a las conclusiones de la comisión de investigación sobre la contratación de la Xunta que consume ya sus últimos días.

«Hai hoxe 22 anos do Nunca Máis», recordó la diputada del BNG Noa Presas, que como había hecho el día antes la portavoz nacional, Ana Pontón, vinculó aquellas protestas contra el Prestige a la «mobilización histórica» y «lección de dignidade» para rechazar la fábrica de la multinacional portuguesa. «Xa perdín a conta das manifestacións históricas; tamén das galletas electorais que se levou o BNG despois de cada unha desas manifestacións», le respondió irónico Alberto Pazos, portavoz de los populares.

Pontón tomó el relevo de Noa Presas en el debate sobre el estado de gasto, que comparó las cuentas autonómicas con un «agasallo de bonito envoltorio» que esconde carbón. «Carbón para os galegos e galegas mentres poñen a alfombra vermella ao lobi electrico e a multinacionais como Altri», protestó la líder nacionalista, que también apuntó a la manifestación del domingo para subrayar que el Gobierno gallego no podrá «silenciar nin enganar a todo un país». «Teñan seguro que gañaremos esta batalla. Estes orzamentos evidencian que o Goberno do PP non ten ningún proxecto de futuro para o país», añadió.

La viceportavoz del PPdeG y secretaria xeral, Paula Prado, acusó a los nacionalistas de utilizar la manifestación para sus propios fines, al tiempo que enmiendan la inversión que recogen los orzamentos en cuestiones medioambientales. Y dejó clara la postura de su grupo respecto al proyecto de la factoría en Palas de Rei: «Se Altri contamina, non haberá Altri. Se Altri non contamina, haberá Altri, porque nós estamos favor do emprego, da industria e do desenvolvemento de Galicia».

Populares y nacionalistas también cruzaron reproches con las contrataciones a «empresas amigas» que cada grupo imputa al contrario. Presas dijo poner «a man no lume» por cualquiera de los compañeros de filas que le había citado Pazos, lo que llevó a este y a Paula Prado a bromear con la necesidad de utilizar guantes ignífugos o cremas antiquemaduras. Hubo también referencias al modelo empleado para la construcción del hospital Álvaro Cunqueiro, otro de los objetos de la comisión de investigación, que evidenciaron que ningún grupo extrajo nuevas conclusiones tras casi un mes de actividad en este organismo impulsado por el Bloque. 

Presupuestos «antisociais» y «antigalegos»

La socialista Elena Espinosa lamentó que las políticas públicas de la Xunta no hayan servido «para mellorar as vidas dos galegos», y que «nada cambiará» con estos presupuestos. Apuntó a una «planificación nefasta», que obligará a introducir modificaciones a las cuentas «nada máis comezar o ano», y defendió una alternativa desde su partido a favor de blindar la educación, sanidad, bienestar social y la vivienda. 

La viceportavoz del PSdeG advirtió sobre la «falla de rigor» de la Xunta tras citar la «inaudita baixa execución» durante el tercer trimestre del año, que según los datos revelados esta semana apuntan a un gasto del 10,3 % en el programa de acceso a la vivienda, o al 31,4 % en el apoyo a mujeres que sufren violencia de género. «Estes orzamentos no darán resposta ás necesidades que ten Galicia», continuó, y avisó que tampoco servirán para «reverter os recortes e a precarización dos servizos públicos».

La nacionalista Noa Presas definió a los presupuestos como los «máis liberais, máis antisociais e antigalegos» de la historia. Fue la línea que mantuvo después Pontón durante sus treinta minutos de intervención, en los que tachó el proyecto de la Xunta de «espolio enerxético e dos recursos naturais» y de «deteriorar os servizos públicos mentres benefician á privada». «Non teñen proxecto de futuro para este país, porque en realidade son o Partido Popular do non», condenó la líder del Bloque, que criticó al PP por «facer negocio» y «vulnerar os dereitos dos maiores» al votar en contra de enmiendas como el aumento de la aportación al servizo de axuda no fogar (SAF) a veinte euros por hora.

La viceportavoz popular, Paula Prado, reivindicó unas cuentas «pensadas para o futuro dende a estabilidade», frente a unas enmiendas que iban «no sentido contrario». «As súas emendas son reflexo da inestabilidade dos partidos, debuxan unha ensoñación imposible de levar á práctica. Difícilmente poderían estar máis afastadas do que Galicia demanda nestes momentos», expuso.

50 leyes modificadas

El pleno extraordinario también sirvió para aprobar la ley de medidas fiscales y administrativas que acompañan a los presupuestos. Salió adelante con el voto a favor del PP, que se encontró un año más con el rechazo de la oposición. BNG y PSdeG reprocharon que el Gobierno gallego volviese a hacer uso de esta fórmula para modificar medio centenar de normas autonómicas.

La portavoz socialista Patricia Iglesias acusó al Ejecutivo de realizar un «récord de abuso» y de provocar una «extra limitación constitucional» al cambiar, por decimotercera vez, la Lei do sector eólico sin contar «coa sociedade civil, coa veciñanza afectada nin co propio sector eólico». Por su parte, la viceportavoz del BNG, Olalla Rodil, reprochó que esta ley supone un «subterfuxio legal» para sortear decisiones judiciales que han paralizado proyectos eólicos, y criticó que «todo o país se converta en explotable para a produción de enerxía» en beneficio de las grandes compañías eléctricas. 

Desde el PPdeG, el viceportavoz Julio García Comesaña defendió que los cambios introducidos permitirán poner en el mercado más vivienda de alquiler, impulsar la tasa turística en los concellos o dar mayor seguridad al sector eólico.