La justicia británica avala la decisión del Gobierno de rebajar la seguridad al príncipe Enrique

La racha de victorias judiciales del príncipe Enrique parece haber llegado a su fin. Semanas después de haberle ganado una querella a un diario londinense por pincharle sus teléfonos para obtener información, el hijo menor del rey Carlos III ha perdido este miércoles la batalla legal que inició contra el Gobierno británico por su decisión de rebajarle su seguridad tras renunciar, en febrero del 2020, a seguir desempeñando un rol activo en la corona y su posterior mudanza a Canadá, primero; y luego a Estados Unidos.

En su fallo, de 52 páginas, el magistrado Peter Lane concluyó que el Comité Ejecutivo para la Protección de la Realeza y las Figuras Públicas (Ravec, por sus siglas en inglés) no incurrió en ninguna ilegalidad al reducirle al duque de Sussex el grado de seguridad durante su permanencia en el país.

Tras recordar que las competencias del Ravec se limitan a «los riesgos que surgen dentro del Reino Unido y que afectan a personas que en casi todos los casos residen en el Reino Unido», el magistrado avaló que la instancia gubernamental encargada de la protección de las personalidades haya optado por establecer, en el caso del príncipe, medidas específicas y particulares para cada visita que él realice al país.

Esta es la segunda derrota que Enrique sufre en relación con sus reclamaciones de una mayor seguridad. El año pasado ya perdió un recurso para que se le permitiera costear de su bolsillo la protección policial que se le asigna durante sus estancias en el Reino Unido, para así poder aumentarla.

Temor a repetir la historia de Diana

Los abogados de Enrique, por su parte, no solo expusieron ante el tribunal que la decisión era «ilegal e injusta», sino que advirtieron de las consecuencias que podría suponer para la reputación del país un hipotético «ataque exitoso» contra el hijo menor del actual monarca.

Precisamente la posibilidad de un incidente que ponga en riesgo su vida e integridad física, o la de su familia, es la razón alegada por el duque para no traer a su esposa e hijos al Reino Unido, porque cree que no pueden «sentirse como en casa» y duda que sea «posible mantenerlos a salvo» en el país.

Pese a que el proceso se llevó a puerta cerrada, debido a que durante el mismo se presentaron informaciones sensibles y que podrían poner en riesgo no solo a determinadas personas, sino a la seguridad nacional, la prensa londinense aseguró que los abogados de Enrique apelaron a lo ocurrido con su malograda madre, la princesa Diana, para defender sus reclamaciones. La anterior princesa de Gales murió en agosto de 1997 en un accidente de tráfico en París (Francia) mientras era perseguida por paparazis y, debido a su divorcio del actual soberano, dos años antes, apenas tenía protección pagada por parte del Gobierno británico.

No obstante, el juez replicó que «los posibles problemas derivados de las actividades de los paparazi no son un asunto que competa al Ravec».

Por último, desde el Ministerio del Interior saludaron el veredicto y aseguraron que «el sistema de protección británico es riguroso y proporcionado».