Fujimori admite su responsabilidad en el caso por el que es juzgado en Perú
Internacional
Será sentenciado en unas tres semanas.
13 Oct 2007. Actualizado a las 04:13 h.
El ex presidente peruano Alberto Fujimori admitió hoy su responsabilidad «en lo que corresponde» en el proceso por el allanamiento ilegal de la vivienda de la esposa de su ex asesor Vladimiro Montesinos y será sentenciado en unas tres semanas.
Su abogado defensor, César Nakasaki, declaró a los periodistas, que Fujimori respondió unas 30 preguntas durante el primer interrogatorio al que lo sometió la justicia peruana, desde su extradición de Chile el pasado 22 de septiembre.
Nakasaki señaló que el ex presidente «ha esclarecido su participación en la operación del allanamiento», realizada por un falso fiscal, a la vivienda de Trinidad Becerra, la esposa de Montesinos.
«Él ha determinado claramente lo que lo motivó a llevar esta operación, ha dado respuesta a las distintas preguntas que entiendo han satisfecho a los fiscales y el juez», dijo Nakasaki, quien se excusó de ofrecer mayores detalles por el juramento de reserva que se sigue en el proceso.
El 7 de noviembre del 2000, pocos después de que Montesinos huyera del país tras difundirse unos serie de vídeos donde se le ve cometiendo actos de corrupción, un destacamento de la Policía, encabezado por el falso fiscal, revisó la casa de Becerra.
Fujimori supuestamente también ordenó entrar en otro piso del mismo inmueble, de propiedad de la esposa de Montesinos, de donde se extrajo gran cantidad de maletas y cajas.
Según la fiscalía y la procuraduría, entre el material requisado se escondían los denominados «vladivideos», que fueron retirados del lugar sin ser inventariados ni levantarse un acta, para después trasladarlos al local del grupo aéreo número 8, donde se entregaron al ex gobernante.
Fujimori y su cuñado Víctor Aritomi son acusados de haber manipulado el contenido de las maletas y las cajas, con el fin de «hacer desaparecer todo elemento de prueba que pudiera incriminar al ex presidente», según señala el fallo de la Corte Suprema de Chile por el que se otorgó la extradición.
Una semana después, el entonces jefe de Estado abordaba un avión con destino a Brunei en ese mismo aeródromo bajo la sospecha de que se llevó gran cantidad de material comprometido.
Nakasaki reiteró hoy, sin embargo, que la intención del allanamiento fue «la ubicación y entrega» de Montesinos y descartó que fuera para sustraer vídeos y posibles testimonios incriminatorios contra el ex mandatario.
«El ex presidente asume su responsabilidad en lo que corresponde, eso se va a determinar en la sentencia», dijo Nakasaki para luego adelantar que el fallo se emitirá en unas tres semanas.
Descartó, también, la posibilidad de que, en este caso, se celebre un careo entre Fujimori y Montesinos, preso en la Base Naval del Callao.
El proceso por el allanamiento empezó en el 2003 y entre los ya sentenciados están el ex ministro del Interior Fernando Dianderas y el ex primer ministro Alberto Bustamante, condenados a 4 y 3 años de cárcel, respectivamente, así como el falso fiscal Manuel Ubillús, con siete años de prisión.
Para Fujimori, recluido en la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), la Fiscalía pide siete años de cárcel y el pago de 100.000 nuevos soles (unos 32.700 dólares ó 23.350 euros) por el delito de usurpación de funciones.
Durante el interrogatorio de hoy, Fujimori respondió las preguntas del Vocal Instructor Guillermo Urbina Gambini y el Fiscal Supremo José Pereira y «estuvo absolutamente tranquilo y claro», según su abogado.
Nakasaki dijo que va a solicitar «que se abra una breve investigación para poder incorporar (en el dictamen fiscal) las diversas sentencias de todas las personas que han sido condenadas por estos hechos».
El allanamiento a la vivienda de Trinidad Becerra es uno de los cinco casos de corrupción por el que el ex jefe de Estado fue extraditado desde Chile, donde permaneció casi dos años.
Los otros procesos, en los que Fujimori afrontará penas de hasta 30 años, comenzarán el 26 de noviembre con los casos de violación a los derechos humanos, a los que seguirán los otros cuatro de corrupción.