El reo mexicano esperaba anoche el milagro de que el Supremo detuviera su ejecución en Tejas

El estado de Tejas, el más activo de largo en aplicar la pena de muerte en Estados Unidos, se disponía a defender su dudoso título la medianoche de ayer en un caso que ha despertado la atención internacional. A escasas tres horas de que el mexicano José Ernesto Medellín notara en sus venas la inyección letal, eran pocos los que esperaban un milagro que difícilmente tenía que salir del Tribunal Supremo de Estados Unidos o del despacho del gobernador tejano Rick Perry. El martes la Junta de Perdones de Tejas rechazó recomendar clemencia para él.

La sentencia de Medellín se ha convertido por azar en todo un acontecimiento, pues su ejecución desafía una orden del Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de La Haya, instancia bajo el paraguas de la ONU, que ha solicitado a Estados Unidos revisar las sentencias de 51 mexicanos condenados a la pena de muerte. El TIJ reiteró el pasado 16 de julio su petición e instruyó a las autoridades estadounidenses a hacer todo lo posible para prevenir la inminente ejecución de cinco mexicanos sentenciados a la pena máxima, el primero de ellos Medellín.

Según el tribunal internacional, ninguno de ellos tuvo asistencial consular de su país cuando fueron detenidos, en clara violación por parte de EE.UU. de la Convención de Viena. México llevó en el 2003 el asunto a La Haya, que ha dictaminado que los casos de estos 51 condenados deben ser revisados. Pero Tejas dice no sentirse obligado por «tribunales extranjeros», además de señalar que Medellín es culpable. El propio presidente George W. Bush, fiel defensor de la pena capital, ha pedido al estado del que fuera gobernador a atenerse a la orden del CPI.