El kirchnerismo repudia el fallo del Supremo que echa por tierra su reforma de la Justicia
Internacional
El ministro de Justicia aseguró que la resolución «desconoce la voluntad popular», aunque la respetarán
20 Jun 2013. Actualizado a las 07:00 h.
El ministro de Justicia argentino, Julio Alak, aseguró ayer que la resolución del Tribunal Supremo que echa por tierra la parte central de la reforma judicial emprendida por su Gobierno «desconoce la voluntad popular», pese a lo cual será «respetada» por la administración. Alak anunció que el Gobierno va a «buscar otros métodos para lograr la total democratización de la Justicia».
«Todos sabemos que los jueces no deben gobernar», aseguró el ministro para quien el fallo mantendrá «un esquema de elección corporativo, aristocrático y predemocrático».
Otro hombre fuerte del entorno de la viuda de Kirchner, su jefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina, afirmó que «estamos dispuestos a seguir dando batalla. Hay mucho miedo a la participación popular». Abal se quejó asegurando que «algunas instituciones todavía mantienen una visión retrógrada, propia de otros siglos». El dirigente kirchnerista Luis D?Elía se manifestó a favor de una reforma de la Constitución «sea como sea» cuyo principal objetivo sería «pasar a disponibilidad a todo el Poder Judicial».
Desde la oposición, el senador radical y actual miembro del Consejo de la Magistratura, Mario Cimadevilla, cuestionó la reacción del Gobierno. «Este Supremo pasó de ser un tribunal ejemplar a un tribunal golpista simplemente porque no les dio la razón».
La sentencia del Supremo que declaró inconstitucionales los artículos centrales de la reforma del Consejo de la Magistratura, impulsada por la presidenta, golpeó duro en el gobierno que ve como sus argumentos para controlar este poder se desmoronan. Por lo pronto, el Supremo ha determinado que ya no se podrán utilizar las legislativas de octubre para cubrir mediante voto los cargos de asesores de ese Consejo, un órgano encargado de nombrar y destituir magistrados. Este era un punto fundamental de Cristina Fernández para tener el control de los jueces a través de representantes partidarios.