Maduro lanza una ofensiva policial para sofocar las protestas

Nicolás Maduro prometió ayer «medidas drásticas» para sofocar las protestas estudiantiles en Venezuela, que dejan ya 28 muertos, de ellos, tres el miércoles, cuando se cumplía un mes de su inicio. Horas después, la policía multiplicó los registros en Valencia, detuvo a seis «bandidos», según los denominó el presidente, y se incautó «de armas, explosivo C4 y bombas».

Tras presidir un gabinete de seguridad, Maduro afirmó que los fallecidos el miércoles fueron «atacados a balazos por francotiradores». «Voy a tomar medidas drásticas con esos sectores que están atacando y matando al pueblo de Venezuela».

En Valencia (a 150 kilómetros al oeste de la capital), murieron a tiros Jesús Acosta, estudiante de Ingeniería de 23 años; Guillermo Sánchez, quien se encontraba pintando la reja de su casa, y el capitán de la Guardia Nacional Ranso Bracho.

Francotiradores

A pesar de que Maduro acusó a francotiradores de esas muertes, tanto un primo del estudiante como la esposa de Sánchez culpabilizaron de los crímenes a grupos de motoristas que disparaban a los manifestantes en La Isabelica, un suburbio popular de Valencia, la tercera ciudad más grande de Venezuela.

La fiscal general, Luisa Ortega, afirmó que en un mes han perdido la vida 28 personas, 21 de ellas a balazos, lo cual prueba que «las manifestaciones no han sido pacíficas, sino violentas». Ortega, que se encuentra en Ginebra en una cumbre sobre derechos humanos de la ONU, añadió que el conteo de heridos que lleva su despacho es de 265, cifra que contrasta con la de más de 2.000 heridos que da la ONG Foro Penal Venezolano.

Expertos en derechos humanos cuestionan a Maduro por sus anuncios, que no han sido acompañados por medidas como la declaración de un estado de excepción, que establece límites a prácticas como el uso de armas de fuego para reprimir manifestaciones y la prohibición expresa de restringir la libertad de expresión.

Los cancilleres de la Unión de Naciones de Sudamérica (Unasur) acordaron enviar en abril una comisión a Venezuela, con el fin de asesorar a Maduro en un diálogo con la oposición. La diputada opositora María Corina Machado señaló que el hecho de que la declaración de Unasur no incluyera una mención a los excesos cometidos por las fuerzas del orden es «una vergüenza». Desde Washington, John Kerry instó a Maduro a detener la «campaña de terror contra su propio pueblo».