Dos españoles detenidos por protestar contra Maduro son ahora acusados de terrorismo
Internacional
Son José Fernández Martí, de 54 años, venezolano de padres españoles, y su pareja sentimental, Yolanda Lara Morcillo, de 40 y nacida en Albacete
04 May 2014. Actualizado a las 07:00 h.
Pasaron de supuestamente promover barricadas a ser terroristas y expertos en explosivos, como por arte de magia y de las declaraciones del ministro del Interior venezolano, Miguel Rodríguez Torres, quien el viernes en la tarde desveló una «vasta conspiración» para derrocar a la llamada revolución bolivariana.
A José Fernández Martí, de 54 años, venezolano de padres españoles, y su pareja sentimental, Yolanda Lara Morcillo, de 40 y nacida en Albacete, la vida les cambió el 20 de febrero, cuando fueron detenidos en San Felipe, en el estado de Yaracuy (a unos 300 kilómetros al oeste de Caracas), acusados de promover las barricadas con las que miles de manifestantes llevan dos meses protestando contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
Su caso (él está detenido en la sede de la policía política en Caracas, y ella en un calabozo de la policía estatal de Yaracuy) dio un nuevo giro cuando Rodríguez Torres -al presentar supuestas pruebas de un «plan» que ha causado hilaridad en todo el país y en el exterior- los calificó de «expertos en explosivos», lo que acarrea el cargo de terrorismo, que puede suponer una pena de 30 años de prisión, la máxima permitida en el país sudamericano.
El 26 de febrero, un comunicado de la fiscalía local anunciaba la detención de Fernández y Lara, quienes, según la acusación, «manejaban altas sumas de dinero con depósitos desde Caracas» y en sus ordenadores se hallaron «correos con instrucciones para desarrollar acciones desestabilizadoras». Se informó, además, de que ambos administraban una página web, llamada Contra Revolución Bolivariana, que no parece estar activa.
El supuesto plan presentado por Rodríguez Torres ha chocado contra un muro de sarcasmo de los involucrados. Pero para Fernández, Lara y otras 56 personas que permanecen detenidas desde que empezaron las protestas contra Maduro, en febrero, son una vuelta más de la llave que, con la justicia «bolivariana» mediante, les puede suponer una larga condena a prisión.