Maduro reconoce el peligro de un estallido social a causa de la crisis

Por primera vez desde que es presidente de Venezuela, hace dieciséis meses, Nicolás Maduro admitió la posibilidad de que en el país se produzca un estallido social similar al tristemente célebre Caracazo de 1989, pero afirmó que «estamos trabajando para evitar que eso suceda».

La crítica situación económica del país, que padece cifras de inflación cercanas al 100 % y de desabastecimiento de 70 % en los productos básicos, es atribuida por el Gobierno a la acción de «mafias de contrabando que trabajan con la oposición», según Maduro. Sin embargo, las encuestas recientes indican que 60 % de los venezolanos culpan del desabastecimiento al Ejecutivo.

En una alocución al país el viernes al atardecer (medianoche en España) Maduro afirmó que estas supuestas mafias «están buscando que el pueblo se arreche (cabree, una palabra soez en Venezuela) y no lo podamos parar», al tiempo que anunciaba que quedaba prohibida la exportación de todo tipo de alimentos.

La posibilidad de un nueva revuelta popular viene siendo advertida desde sectores de la oposición, y horas antes de las declaraciones de Maduro, el líder opositor Henrique Capriles había señalado que «si este Gobierno no cambia, vamos a terminar en un estallido social».

En la psique de los venezolanos está firmemente anclado el temor de que se repitan sucesos como los de febrero de 1989, cuando un incremento de la gasolina (entonces, como ahora, la más barata del mundo) y un cuadro de inflación y escasez derivaron en violentos saqueos, que fueron conocidos como el Caracazo» que oficialmente dejó 240 muertos, pero extraoficialmente, más de 3.000.

El 70 % lo teme

Según una encuesta de Venebarómetro, realizada en julio, 70 % de la población tenía temor de que la crisis actual derive en una situación similar. Hugo Chávez, quien tres años después lideró una asonada contra Carlos Andrés Pérez -el presidente que realizó los ajustes económicos de 1989-, siempre atribuyó a ese estallido social buena parte de la culpa de su intento de golpe de Estado.

Maduro, mientras tanto, afirmó que «para que haya un estallido social tiene que haber pueblo, y el pueblo está de nuestra parte», aunque los escasos medios independientes que quedan en el país reseñan frecuentes escaramuzas en las largas filas que en las zonas pobres se registran para comprar alimentos.

La militarizada Guardia Nacional está custodiando los principales supermercados en prevención de incidentes, y también el viernes, Maduro anunció que 120.000 agentes vigilarán los barrios pobres, oficialmente para combatir el delito, aunque están equipados con material antidisturbios.

El racionamiento

La situación del país se agravó el miércoles cuando e presidente anunció que, a partir de noviembre, será obligatorio dejar colocar el dedo pulgar en una máquina captahuellas para realizar compras «en todos los mercados del país». Aunque expertos señalan que es difícil que se despliegue en tan poco tiempo un mecanismo tan complejo en una red amplia, la percepción del público es que lo que se pretende es racionar los alimentos. Maduro desmintió que se vayan a controlar los productos que se le venden a cada venezolano, pero en un ambiente tan crispado la posibilidad del racionamiento caló. «Aquí no se va a racionar a nadie, es para que lo que consumen los venezolanos no se lo lleven las mafias», indicó.

En la oposición la percepción es que las mafias están compuestas, principalmente, por funcionarios militares. Alfonso Marquina, diputado de Primero Justicia, dijo que «las mafias del contrabando son del mismo Gobierno». El economista Luis Oliveros dijo que el desajuste económico de Venezuela es tan grande que «mientras la comida sea mucho más barata en dólares que en Colombia, siempre va a existir el contrabando».