Juncker escandaliza a la UE por la trama fiscal secreta que maquinó su Gobierno

La alegría le ha durado muy poco al recién estrenado presidente de la Comisión Europea, el luxemburgués Jean Claude Juncker. Seis días después de asumir el cargo, un bochornoso escándalo, bautizado ya como LuxLeaks, pone al conservador en el centro de todas las críticas y amenaza con dilapidar su imagen y autoridad.

Según revela una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), el Gobierno luxemburgués ofreció bajo la batuta de Juncker un sistema fiscal secreto a la carta a 340 multinacionales (desde Pepsi y Appel hasta Ikea, entre otras muchas) que dejaron de pagar miles de millones de impuestos en otros países europeos atraídos por las ridículas tasas que ofrecía el Gran Ducado entre el 2002 y el 2010. Juncker era entonces el primer ministro.

El panorama es más grotesco si se tiene en cuenta que en plena crisis, al presidente del Ejecutivo comunitario no le tembló el pulso a la hora de exigir a sus socios de la Unión Europea que acometiesen profundos recortes para sostener las arcas públicas, diezmadas por la evasión fiscal a la que inducía su país. Tampoco ha dudado en plantar cara más recientemente a París y Roma por pedir flexibilidad y tiempo para acometer ajustes.

Al más puro estilo de Groucho Marx, Juncker se presentó a las elecciones europeas del pasado mayo con el lema en la frente de «Estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros», erigiéndose como abanderado de la lucha contra la evasión fiscal, una ironía o broma de mal gusto para muchos en Bruselas que critican abiertamente su doble moral.

Investigación

Fue la portavoz de la Comisión, Margaritis Schinas, la que intento apagar el fuego asegurando que la nueva comisaria de Competencia, Margarethe Vestager, será quien decida si abre una investigación sobre el escándalo. Juncker se compromete a «abstenerse de intervenir en el tema». Un papelón es lo que le espera a la comisaria belga. Nada menos que investigar si el Gobierno luxemburgués encabezado por  su propio jefe violó la legislación comunitaria. Las dudas sobre la transparencia y la independencia de las pesquisas no tardaron en aparecer. «La comisaria hará lo que tiene que hacer», se limitó a explicar Schinas, quien trató de salvar la imagen de la nueva Comisión afirmando que «es una cuestión que tiene que ver con el esfuerzo de los Estados miembros por estimular su economía. Hacen estas cosas y continuarán haciéndolas».

La legalidad o ilegalidad de estas prácticas no excluye su falta de ética. Las promesas de luchar contra la evasión fiscal, una de las insignias de la nueva Comisión, ayer se convirtieron en papel mojado. ¿Tiene autoridad Juncker para pedir a España, Francia o Italia que recorten el gasto y aumenten los impuestos a sus ciudadanos mientras permitió que las grandes empresas eludiesen sus obligaciones fiscales? Es la pregunta que se hacen todos. Un Ejecutivo empañado por un escándalo de esta magnitud a duras penas podrá poner orden en los próximos cinco años. Su credibilidad está en entredicho.