Brasil eleva a 434 las víctimas de la dictadura militar

La Comisión Nacional de la Verdad (CNV), que investiga las violaciones de los Derechos Humanos ocurridas en Brasil durante la dictadura militar, ha concluido en su informe final que hubo 377 personas directamente involucradas en estos crímenes, entre ellos los cinco generales que presidieron el país durante el régimen.

El documento final ha sido entregado este miércoles a la presidenta Dilma Rousseff después de dos años y medio de trabajo, y la conclusión principal es que durante los 21 años de dictadura hubo una «política sistemática» de crímenes contra la humanidad, desmintiendo rotundamente la tesis de algunos historiadores y de parte de las Fuerzas Armadas, que aún defienden que las muertes, torturas, encarcelamientos arbitrarios o desapariciones forzadas eran hechos aislados. «En la dictadura militar, la represión y la eliminación de opositores políticos se convirtieron en política de Estado, concebida e implementada a partir de decisiones emanadas de la presidencia de la República y de los ministerios militares», apunta el documento. Los presidentes Humberto Castello Branco (1964-1967), Arthur da Costa e Silva (1967-1969), Emílio Garrastazu Médici (1969-1974), Ernesto Geisel (1974-1979) y Joao Figuereido (1979-1985) están en la lista de los principales responsables, junto con varios ministros y los jefes del Servicio Nacional de Información (SNI).

En otra lista, con 258 nombres, están clasificados como los autores directos de esas violaciones de los derechos humanos, los responsables del «trabajo sucio». A diferencia de la anterior, aquí no sólo hay altos cargos militares, también 114 civiles, sobre todo policías. Además de apuntar a los responsables la CNV también ha detallado la lista de muertos y desaparecidos, un total de 434, 73 nombres más que en la última investigación que hizo el Estado, hace siete años. Sin embargo, ahora se ha ampliado el periodo que va de 1946 a 1988, mientras que en la última ocasión sólo se evaluó la última dictadura, entre 1964 y 1985. Otro de los objetivos de la comisión era buscar a los muertos y desaparecidos, aunque en este ámbito los resultados han sido escasos: tan sólo se consiguió identificar a un represaliado que fue enterrado como indigente en un cementerio de Brasilia.

Revisar la ley de amnistía

Al margen de las consideraciones sobre la dictadura, una de las partes más destacadas del informe de la comisión es su valoración sobre la Ley de Amnistía, que fue básica para la redemocratización de Brasil y que sigue vigente desde 1979. En opinión de la mayoría de los miembros que ha elaborado el informe esta ley no debería ser un impedimento para juzgar a los responsables de los crímenes, por lo que recomienda que sea revocada parcialmente. Para argumentarlo, la comisión cita una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que subraya que las leyes de autoamnistía «perpetúan la impunidad y propician una injusticia continuada». Además, la comisión considera que la amnistía no puede ser válida para los causantes de tortura, ejecución u ocultación de cadáver, porque esos hechos se produjeron a gran escala y de forma sistemática por lo que pasan a convertirse en crímenes contra la humanidad, «que no prescriben y no están sujetos a amnistía». Sin embargo, la decisión de la comisión de recomendar la revisión de la Ley de Amnistía no ha sido unánime entre los seis miembros de la CNV. Uno de ellos, José Paulo Cavalcanti, ha recordado que en 2010 el Tribunal Supremo Federal (STF en sus siglas en portugués) ya decidió mantener la validez de la ley.

La comisión también ha recomendado que las Fuerzas Armadas asuman su responsabilidad institucional, que se rectifique el motivo de muerte de los ejecutados en los documentos oficiales y que se anulen los honores otorgados a los personajes directamente involucrados, así como cambiaar la nomenclatura de calles, plazas y otros lugares públicos que todavía llevan el nombre de dirigentes de la dictadura. Finalmente, recomiendan al Gobierno que cree un órgano permanente que pueda continuar con las investigaciones y evaluar el cumplimiento de estas sugerencias.

La presidenta Rousseff, que fue encarcelada y torturada durante la dictadura, se ha emocionado al recibir el informe final. Ante la presencia de numerosos familiares de víctimas y supervivientes, la presidenta ha asegurado que su Gobierno leerá atentamente las conclusiones «para sacar todas las consecuencias necesarias», y ha confiado en que arrojar luz sobre este periodo ayude a que actos así no vuelvan a repetirse. «La verdad no significa revanchismo. La verdad no debe ser motivo para el odio o para hacer un ajuste de cuentas. La verdad nos libera a todos de lo que quedó por decir, por explicar, por saber (...) La verdad significa por encima de todo la oportunidad de encontrarnos con nosotros mismos, con nuestra historia», ha zanjado la presidenta.