La Voz de Galicia

Maduro podrá legislar por decreto ante la amenaza de Estados Unidos

Internacional

El parlamento venezolano otorga poderes especiales al presidente por la «ley habilitante antiimperialista»

15 Mar 2015. Actualizado a las 21:06 h.

El Parlamento venezolano ha aprobado en una sesión extraordinaria dominical la petición del presidente del país, Nicolás Maduro, de ser autorizado para legislar por decreto para afrontar recientes «amenazas» efectuadas por Estados Unidos. Con los votos de la mayoría afín a Maduro y el rechazo de la minoría opositora, la unicameral Asamblea Nacional (AN, Parlamento) aprobó en segunda y definitiva discusión la llamada «ley habilitante antiimperialista», que faculta a Maduro a redactar y sancionar leyes sin el concurso previo ni posterior de los diputados.

La delegación de poderes del Legislativo en el Ejecutivo fue decidida tras un debate parlamentario seguido por miles de manifestantes oficialistas, reunidos en las afueras del parlamento y del palacio presidencial. El permiso a Maduro tendrá una duración de seis meses, que comenzarán a correr una vez que sea publicada en la Gaceta Oficial, presumiblemente el lunes, según lo previsto. El gobernante no ha adelantado los contenidos de las normas que prevé sancionar una vez que sea investido de poderes legislativos extraordinarios que no requerirán de permiso ni control de la AN.

Venezuela se ha convertido en una «amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad estadounidense, algo que incluso los opositores a Maduro han tachado al menos de exagerado.

Sanciones a personas y no a países

No obstante, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), plataforma de partidos que aglutina a la mayoría de la oposición, señaló en un comunicado formal previo que Venezuela no representa «una amenaza» para otra nación, aunque matiza con que el Gobierno de Maduro sí ha vulnerado los derechos de sus nacionales.

Hay que «distinguir entre sanciones a un país y sanciones a unas personas», pidió la MUD y calificó de «inmoral» que oficialistas pretendan esconderse «detrás de la bandera (nacional) para proteger una cuenta bancaria con fondos de la corrupción» o para «pretender impunidad a violaciones de derechos humanos».


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