La policía británica podrá confiscar los salarios de los trabajadores sin papeles

El número de inmigrantes que entraron en Reino Unido alcanzó los 318.000 en el 2014, la cifra más alta desde el 2005, lo que provocó que el primer ministro, David Cameron, lanzara ayer un duro discurso centrado en avanzar el plan que, para contener la inmigración ilegal, presentará formalmente la semana que viene en el acto de apertura de la próxima legislatura. Las medidas que propone incluyen que la policía británica pueda confiscar los salarios percibidos por los trabajadores sin papeles, que los bancos inspeccionen las cuentas de los clientes sospechosos de no haber regularizado su residencia en el Reino Unido, que la Administración persiga en los tribunales a quienes alquilen una vivienda a los sin papeles y que se aceleren los trámites de deportación de los indocumentados.

Cameron también afirmó que limitar el acceso al sistema de bienestar británico de los inmigrantes comunitarios será una «exigencia absoluta» en la renegociación de sus relaciones con la Unión Europea, abriendo así una cuestión que quiere comenzar a tratar esta misma noche en Riga y tener solucionada antes del referendo sobre la permanencia en la comunidad que prometió convocar en el 2017.

Los datos publicados ayer por la Oficina Nacional de Estadística, según los cuales, la cifra de inmigrantes que se instalaron en el país aumentó un 50 % en el 2014 respecto al año anterior, son para Cameron fruto del «éxito económico» de su país. Debido a este repunte en las cifras, el líder conservador fue más allá y prometió impulsar reformas en el ámbito comunitario para limitar la entrada de ciudadanos de la Unión Europea. Dijo estar a favor de la libre circulación de trabajadores, que permite a más de 1,3 millones de británicos vivir en el extranjero, pero apuntó a cambiar las normas para que los sistemas de bienestar «no proporcionen un incentivo adicional no deseado para grandes movimientos migratorios».

Tras fallar en su primera legislatura en la promesa de reducir la inmigración neta anual a 100.000 personas, ayer Cameron apostó de nuevo por el discurso del miedo al que recurrió durante la campaña electoral, adoptando la que calificó de «actitud más dura y más justa». Aseguró que, de no hacerlo, la inmigración podría perjudicar «el mercado laboral y reducir los sueldos».

Un destino menos atractivo

Su principal objetivo no es otro que hacer del Reino Unido «un país menos atractivo» para la inmigración ilegal, con el argumento de que, si permanece «incontrolada», ejerce una «presión incontrolada sobre los servicios públicos. Y eso plantea cuestiones básicas de ecuanimidad». «La verdad es que ha sido muy fácil trabajar ilegalmente y emplear a trabajadores ilegales aquí», dijo al subrayar que, para controlar con éxito los flujos de personas es necesario que se reduzcan los incentivos para quienes quieran ir al Reino Unido desde Europa.

Cameron dio el dato de que durante la etapa del Gobierno laborista hasta el 90 % de la creación de empleo benefició a extranjeros, mientras que en su primer mandato la mayor parte de los nuevos puestos de trabajo fueron para ciudadanos británicos.