La Fiscalía mexicana reactiva la investigación sobre los 43 estudiantes

La Fiscalía mexicana defendió ayer la validez de sus conclusiones sobre la muerte de los 43 estudiantes de Iguala (Guerrero), después del demoledor informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), al tiempo que la Procuradora General de la República, Arely Gómez González, anunció un nuevo peritaje en el basurero donde se supone que fueron incinerados los cadáveres y el presidente, Enrique Peña Nieto, ordenó a los investigadores que incluyan el informe de los expertos.

Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal del ministerio público insistió en que, «sin poder afirmar que fueron los 43», sí al menos un número «importante» de los estudiantes fueron asesinados en Iguala e incinerados en el vertedero del vecino Cocula, una versión que fue puesta en duda por una investigación independiente, según había expuesto el entonces fiscal, Jesús Murillo Karam, en enero. Se apoya Zerón en que el Instituto austríaco de Medicina Legal de la Universidad de Innsbruck les «confirmó la presencia de uno de los estudiantes» a partir de los restos hallados, una prueba que fue cuestionada por el los expertos porque la bolsa de la que se obtuvo la muestra ya estaba abierta.

Zerón también aludió a la consistencia de los testimonios de los supuestos autores materiales, aunque según el GIEI carecen de credibilidad ya que muchos mostraban señales de tortura.

La fiscal general, Arely Gómez, anunció que atendería «la propuesta contenida en el anexo informe pericial [...] de realizar un nuevo peritaje a cargo de peritos forenses del más alto prestigio» respecto a la incineración del vertedero, en atención a las instrucciones de Peña Nieto, y que «en su momento la Procuradoría valorará la incorporación [de los resultados] a la averiguación previa».

El presidente mexicano se mostró ayer dispuesto a atender la solicitud de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de que se reúna con ellos mientras el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aún sigue en México.