Todas las claves sobre el exterminio de los rohinyás en Birmania

Más de tres semanas después del inicio del éxodo de los rohinyás desde Birmania (Myanmar), los 412.000 refugiados que han llegado a Bangladés huyendo de la violencia y de las atrocidades cometidas por el ejército birmano viven en unas condiciones que son insostenibles en el tiempo. El mundo asiste a una nueva crisis sanitaria mientras la ONU ya no duda en hablar de «limpieza étnica».

A continuación, todas las claves del conflicto: 

¿Quiénes son los rohinyás, la mayor población apátrida del mundo?

Un millón de rohinyás viven en Birmania, la mayoría, en el estado de Rakhine, en el noroeste de país. Originarios del sureste de Bangladés, estos musulmanes sunitas hablan un dialecto utilizado en esa región.

La crisis actual se arraiga en la partición de las Indias británicas, que incluían Birmania y Bangladés. Los birmanos, a pesar de que muchos rohinyás llevan en su país varias generaciones, los consideran bangladesíes y les niegan la ciudadanía, lo que los convierte en la mayor población apátrida del mundo. 

La ley birmana sobre la nacionalidad de 1982 especifica, concretamente, que solamente los grupos étnicos que puedan demostrar su presencia en el territorio antes de 1823, fecha de la primera guerra anglobirmana que llevó a su colonización, pueden obtener la nacionalidad birmana. Sin embargo, los representantes de los rohinyás aseguran que estaban allí desde mucho antes.

¿Cuáles son sus condiciones de vida en Birmania?

Considerados extranjeros en Birmania, los rohinyás son víctimas de múltiples discriminaciones: trabajos forzados, extorsión, restricciones a la libertad de movimiento, reglas de matrimonio injustas y confiscación de tierras. También tienen un acceso limitado a la educación y a los otros servicios públicos.

Desde el 2011, y tras la disolución de la junta militar que imperó durante casi medio siglo en el país, las tensiones entre comunidades aumentaron. 

Un poderoso movimiento de monjes nacionalistas no ha cesado de atizar el odio, considerando que los musulmanes representan una amenaza para Birmania, país con más del 90 % de su población budista.

Anteriores episodios de violencia

En el 2012 estallaron violentos enfrentamientos en el país entre budistas y musulmanes que provocaron casi 200 muertos, sobre todo musulmanes. Desde ese brote de violencia sectaria, los rohinyás sufren una creciente discriminación y más de 120.000 quedaron confinados en campos de desplazados.

En octubre del 2016 hubo nuevos brotes de violencia. El ejército lanzó una gran operación tras el ataque contra puestos fronterizos perpetrados por hombres armados en el norte del estado de Rakhine. El asalto fue reivindicado por el Ejército de Salvación Rohinyá de Arakan, (ARSA), también conocido como Harakah al-Yaquin («el movimiento de la fe», en árabe), grupo fundado en el 2012. Financiado y liderado por la diáspora rohinyá en Arabia Saudí, según la organización de estudios Crisis Group, el grupo armado de esa minoría musulmana se ha multiplicado en número en menos de un año. «La situación desesperada de los rohinyá en Birmania (Myanmar) es uno de los factores que explica este crecimiento», señala Crisis en un reciente informe sobre el conflicto desatado.

Los insurgentes están liderados sobre el terreno por Ata Ullah, identificado por el gobierno birmano como Hafiz Tohar, un descendiente de rohinyá nacido en la ciudad paquistaní de Karachi y criado en la saudí Meca. Flanqueado por hombres encapuchados, Ullah, de 27 años, aparece en los vídeos publicados en las redes sociales instando a la «defensa» de los rohinyás ante la opresión «brutal» del Ejército birmano, al que califica de «colonialista».

En pequeñas hornadas en campamentos en Bangladés, los efectivos del ARSA han sido instruidos en la guerra de guerrillas (algunos con experiencia en los conflictos de Afganistán y Pakistán) y tienen en su punto de mira a las fuerzas del Estado.

Una comisión internacional dirigida por el exsecretario general de la ONU Kofi Annan llamó recientemente a Birmania a otorgar más derechos a su minoría musulmana rohinyá, ante el riesgo de que esta «se radicalice».

Tras el ataque de octubre del 2016, y acusando a las fuerzas de seguridad de múltiples excesos de violencia (asesinatos, quemas de casa, saqueos y violaciones, entre otros delitos), decenas de miles de civiles rohinyás abandonaron sus poblaciones y huyeron a Bangladés. La misma situación se repite desde agosto, pero incrementada.

La crisis actual

El útimo conflicto se desencadenó el pasado 25 de agosto después de que unos 6.500 rohinyás, armados con palos, machetes y pocas armas de fuego, asaltaran 30 puestos policiales en el estado de Rakhine, lo que desencadenó una operación militar que ha sido catalogada por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos como «caso de libro de limpieza étnica». El ataque lo reclamó ese mismo día el ya mencionado Ejército de Salvación Rohinyá de Arakan (ARSA).

Entre las atrocidades cometidas por parte del ejército birmano, Amnistía Internacional llegó, incluso, a denunciar la colocación de minas antipersona en la frontera, algo negado por los militares. Human Rights Watch mostró, por su parte, y mediante imágenes de satélite, la destrucción de poblaciones enteras en Rakhine. El ejército birmano está acusado de haber incendiado los pueblos rohinyás, en represalia a los ataques rebeldes, para sacarse de encima esta minoría. 

Casi el 40% de las localidades rohinyás del norte del estado Rakhine están abandonadas, según Zaw Htay, portavoz del gobierno. «Hay 176 pueblos (de un total de 471 pueblos rohinyás) en donde toda la población partió», estimó.

Huyendo de su extermino, más de 412.000 rohinyás han huido en tan solo tres semanas a Bangladés. La oficina de las Naciones Unidas en este país cree que el número de refugiados que entra en territorio bangladesí podría duplicarse en las próximas semanas. Los refugiados tanto se alojan en asentamientos «espontáneos» -cuyo número sigue aumentando- como en campamentos preexistentes. Un porcentaje menor se encuentran en comunidades de acogida.

Ante la gravedad de la situación, ARSA declaró ayer el pasado día 10 de septiembre, y durante un mes, un alto al fuego para permitir la entrada de asistencia humanitaria, pero el Gobierno de Birmania respondió con un «no negociamos con terroristas», según apuntó el portavoz de la líder birmana, Aung San Suu Kyi, a través de Twitter, en lo que supone la única respuesta oficial a la oferta de los rebeldes, que pedían reciprocidad a las autoridades para aliviar la crisis humanitaria de la minoría musulmana rohinyá.

Una crisis humanitaria e infantil

Tras escapar del Ejército birmano, huir durante días bajo la lluvia y llegar a otro país (Bangladés) a vivir en donde pueden, los rohinyás sufren ahora la amenaza de la enfermedad. La ONU alerta de que en los campos de refugiados puede haber una crisis sanitaria y aclara que la movilidad de los más de 400.000 llegados a territorio bangladesí está «haciendo difícil proveerles de asistencia», mientras que la distribución de suministros entre los refugiados «de manera no coordinada está causando problemas de seguridad y congestión en las carreteras».

«No estoy seguro que el mundo sea consciente del nivel o de la gravedad de la crisis aquí», refuerza el coordinador de Emergencia de Médicos Sin Fronteras, Robert Onus.

El responsable de MSF subrayó que las condiciones en los campamentos son «muy precarias», con tiendas montadas con «una lona de plástico y unos palos de bambú» y sobre todo sin acceso a agua limpia y a baños. «Cuando combinamos todo eso llegamos a una situación en la que una epidemia es algo que puede pasar fácilmente», dijo.

De los 400.000 refugiados rohinyás que han cruzado a Bangladés, Unicef detalla que, al menos, 230.000 son menores de 18 años. Si no se pone fin a la persecución que sufre esta comunidad en Birmania, Save the Children avanza que la dramática cifra de refugiados podría superar el millón antes de que acabe el año, de los cuales más de 600.000 serían menores de edad.

Esta oenegé también alerta de más de 1.100 menores no acompañados: algunos separados de sus familias en la huída y otros huérfanos por la muerte de sus padres por la violencia en el estado de Rakáin.

El criticado silencio de la líder birmana, y premio Nobel de la paz, Aung San Suu Kyi

Este martes será un día clave para saber si la líder birmana y premio Nobel de la paz Aung San Suu Kyi, que dirige el Ministerio de Asuntos Exteriores birmano, mantiene su apoyo inquebrantable al ejército, acusado de perpetrar todo tipo de atrocidades en su operación antiterrorista.

Un silencio mantenido en las últimas semanas que le ha reportado críticas por parte de organizaciones y gobiernos. Human Rights ha reclamado expresamente a Estados Unidos que incluya a la líder birmana, Aung San Suu Kyi, y al jefe de las Fuerzas Armadas, Min Aung Hlaing, en su «lista negra», además de instar al Consejo de Seguridad de la ONU a imponer sanciones contra dirigentes birmanos y un embargo armamentístico al Ejército como represalia por la «limpieza étnica». 

Horas antes del inicio de la Asamblea General de la ONU, la líder birmana hablará este martes por primera vez a sus compatriotas sobre la crisis de los rohinyás, en un mensaje destinado también a la comunidad internacional. No lo hará desde la tribuna de Naciones Unidas en Nueva York, adonde anunció que no viajará, sino desde Naypidaw, la capital administrativa de Birmania. Un gesto simbólico, en un momento en que el nacionalismo birmano suscita numerosas críticas internacionales.

Hasta el momento, la líder birmana, que hizo sus únicas declaraciones públicas sobre los rohinyás a través de su servicio de prensa y en una entrevista para una televisión india, pidió al ejército que actuara con moderación y perdonara la vida a los civiles.

Parece poco probable que su discurso del martes se inspire en el que dio el año pasado desde la tribuna de la Asamblea General de la ONU, en el que prometió defender los derechos de esa minoría musulmana, considerada como una de las más perseguidas del mundo, y dijo que «se opondría firmemente a los prejuicios y la intolerancia». 

Desde el principio de la crisis, la mayoría de la población birmana apoya al régimen, tanto al gobierno civil como a los militares. «Estamos con nuestra Consejera de Estado» (el título oficial de Suu Kyi), titulaba este fin de semana en su portada el diario oficial New Light of Myanmar, con una foto de miembros de la diáspora birmana manifestando en Londres a favor de la líder.

El discurso de Aung San Suu Kyi también le permitirá presentarse como la persona que manda en el país, mientras, en la sombra, el jefe del ejército, el general Min Aung Hlaing, desempeña un papel clave en la situación actual.

Los generales siguen siendo muy poderosos en el país asiático, a pesar de la disolución en 2011 de la junta militar que alentó el miedo a la islamización de Birmania durante sus décadas en el poder.