Europa ultima represalias contra Rusia por el ataque químico al Reino Unido

«Es altamente probable que Rusia sea responsable de este ataque. No hay otra explicación plausible», insistió ayer el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. Ni siquiera el escrupuloso lenguaje diplomático pudo disfrazar la absoluta certeza que tienen los líderes europeos sobre la autoría del ataque químico perpetrado en Salisbury (Reino Unido) contra el ex espía ruso, Serguéi Skripal, y su hija Yulia. La información aportada por la primera ministra británica, Theresa May, durante el encuentro con sus socios de la UE en Bruselas, deja claro que el suceso lleva el sello de Moscú.

«Lo que pasó en el Reino Unido no tiene precedentes y exige una reacción», aseguró el presidente francés, Emmanuel Macron, tras analizar el informe detallado del Gobierno británico. La autopsia del incidente está plagada de huellas rusas. Es tan evidente la implicación del Kremlin y tan palpable la falta de cooperación del Gobierno ruso en la investigación en curso, que los 28 acordaron por unanimidad la madrugada del viernes llamar a consultas al embajador de la UE en Moscú.

No obstante, los 28 fueron incapaces de articular una ofensiva diplomática coordinada para responder a la agresión del vecino ruso. Países como Italia y Grecia siguen presionando para rebajar la tensión y esquivar un escenario de sanciones. Alemania y Francia no han querido dejar pasar esta última provocación: Ambos liderarán las represalias contra el Gobierno de Vladimir Putin. Los bálticos quieren mano dura. La presidenta lituana, Dalia Grybauskaité, anunció que su Gobierno se prepara para contraatacar: «Varios países empezaremos a aplicar medidas nacionales a partir de la próxima semana», anticipó.

Dinamarca y Croacia se sumaron al grupo. Letonia sopesa la expulsión inmediata de diplomáticos rusos. Otros países, como Irlanda, prefieren estudiar nombres antes de ejecutar expulsiones: «Lo que haremos ahora es considerar en los próximos días si queremos sanciones individuales contra diplomáticos rusos en Irlanda», aseguró su primer ministro, Leo Varadkar, quien insiste en distinguir entre agentes de inteligencia y funcionarios. Su homólogo belga se mostró más favorable a adoptar represalias «proporcionales a la gravedad de los hechos», pero «manteniendo el diálogo con Rusia».

Una posición de equidistancia que también comparte el presidente español, Mariano Rajoy, quien ayer volvió a distanciarse de la polémica delegando en el eje franco-alemán la responsabilidad de articular la respuesta europea: «Queremos que las decisiones que se adopten sean respaldadas por todos y tengan un amplio consenso», explicó. El propio Varadkar aseguró que algunos países prefieren extender las sanciones rusas vigentes por la invasión de Crimea hasta un año más, en lugar de los seis meses habituales. Además se podrían incluir más nombres en la lista de individuos rusos a los que se les han congelado los activos y se les ha prohibido viajar a la UE.

El bloque responde con 28 voces a una agresión colectiva. La amenaza no se ciñe al Reino Unido, pero sus líderes son incapaces de cerrar filas. «Es muy difícil preparar una reacción adecuada a un ataque como este. Tenemos intereses, tradiciones, geografías y escenarios políticos diferentes en Europa. No es fácil mantener a un grupo de 28 junto. Espero que los Estados tomen medidas adicionales», justificó Tusk.

La UE ofrecerá un acuerdo de libre comercio a Londres

La Unión Europea y el Reino Unido entran en una nueva fase. Londres consiguió sortear ayer las suspicacias de los socios europeos para avanzar en el tortuoso camino del brexit. Quedan «flecos» por cerrar, y son importantes, pero la UE cree que los esfuerzos británicos han sido «suficientes» para abrir la puerta a la negociación sobre la relación futura.

«Entramos en una fase decisiva», anunció el negociador europeo, Michel Barnier. Los derechos de los ciudadanos, la factura del divorcio y las condiciones para brindar al Reino Unido una prórroga de 21 meses dentro del mercado único ya tienen melodía y letra. Ahora toca esbozar los acordes del futuro acuerdo de libre comercio que May quiere sellar con los 27 antes de que termine el otoño. Un calendario apretado sin alternativa. Los parlamentos nacionales y la Eurocámara tienen que seguir sus procedimientos de ratificación.

Todavía queda mucho por andar hasta llegar allí. Aunque la UE aprobó ayer las directrices que guiarán a Barnier, hay dos asuntos que resolver: la solución para la frontera irlandesa y el futuro del Peñón. «La aplicación del período transitorio en Gibraltar depende del acuerdo bilateral entre España y Reino Unido. Estamos manteniendo negociaciones bilaterales y progresan satisfactoriamente», anunció el presidente español. Ambos capítulos tendrían que estar cerrados en junio, según Donald Tusk.

El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, no da por solucionado el problema en la frontera de Irlanda del Norte. Si el Reino Unido abandona el mercado único y la unión aduanera «provocará tensiones inevitables y serán necesarios controles», rezan las directrices. Una bomba de relojería que podría volver a estallar si se erige una frontera dura. May se comprometió a evitar ese escenario aceptando la inclusión de una cláusula que garantizaría que la vinculación del Úlster al mercado único como último recurso.

En cuanto a Gibraltar, la UE ha vuelto a subrayar que España podrá vetar la aplicación de cualquier acuerdo. «El Consejo reitera que nada está acordado hasta que todo esté acordado». ¿Qué pide Rajoy? Una solución para el aeropuerto del Peñón, mejores condiciones para los trabajadores del Campo de Gibraltar, fin al tráfico ilícito de mercancías, la competencia fiscal desleal y compromisos pesqueros y medioambientales. «Su soberanía no se trata aquí», aseguró Rajoy aclarando que España dejará la disputa para más adelante, cuando Reino Unido sea un país tercero.

¿Cómo será la futura relación? La UE asegura que las líneas rojas de May empujan hacia un acuerdo de libre comercio donde tratarán de excluir aranceles y mantener acceso mutuo a aguas y recursos pesqueros. Reconocer cualificaciones profesionales, flexibilidad para la circulación de personas, la coordinación de los sistemas de seguridad social y la prohibición de convertir la isla en un paraíso fiscal forma parte de la posición inicial.