Italia acusa a los tripulantes del Open Arms de promover la inmigración ilegal, penado con tres años de cárcel

La Justicia italiana confirmó este martes la incautación del barco de la oenegé española Proactiva Open Arms amarrado en puerto desde el pasado 17 de marzo tras desembarcar en Pozzallo (Sicilia) a 216 inmigrantes rescatados a 73 millas de la costa libia.

El juez instructor de Catania acusa a la tripulación de promover la inmigración ilegal aunque rechaza los cargos por asociación criminal. Las penas para los encausados podrían ascender a los 3 años de prisión y multas de hasta 15.000 euros.

El anuncio del magistrado coincidió con la visita a Bruselas del fundador de la oenegé badalonense, Óscar Camps, quien arremetió en la Eurocámara contra la UE y Frontex, instituciones a las que acusa de orquestar una campaña de acoso y criminalización contra las organizaciones de activistas que rescatan a migrantes.

«No quieren testigos» de lo que está pasando en el Mediterráneo, aseguró ayer. Las cifras le dan la razón. En el 2016 había doce oenegés colaborando en labores de rescate en la zona. Ese número se redujo a seis en el 2017. Hoy solo queda la española en una zona de 350.000 kilómetros cuadrados. A pesar de las amenazas de muerte que aseguran haber recibido de los guardacostas libios y las maniobras de intimidación de las autoridades italianas, afirman que volverán al mar con otra embarcación. Los compañeros de Camps no son los únicos que han sufrido acoso. Tres bomberos sevillanos siguen pendientes de juicio, previsto para el 7 de mayo. Las autoridades griegas los detuvieron en enero del 2016 en la isla de Lesbos por un presunto delito de tráfico de personas.

El código de conducta

Camps confía en el apoyo público y en la victoria judicial. «No desobedecimos ninguna convención», insistió ayer tras escuchar al director de Frontex, Fabrice Leggeri. El italiano esquivó como pudo las preguntas más incómodas y dejó caer que la ONG no habría cumplido con el código de conducta aprobado por el Gobierno italiano en el 2017 para guiar y coordinar las labores de rescate en el mar.

Proactiva Open Arms rechaza de plano las acusaciones. Camps subrayó que las órdenes transmitidas por el Centro de Coordinación de Rescate Marítimo de Roma consistieron en devolver a los migrantes a los guardacostas libios, una petición a la que se negaron porque no se podía garantizar el trato digno en manos de un cuerpo que ni siquiera está en contacto con Frontex en labores de salvamento. Es más, el propio Leggeri admitió que «las condiciones de recepción y acogida en Libia no cumplen con los requisitos a nivel humanitario que cabría esperar desde la perspectiva europea», no hay centro de operaciones ni coordinación, ni siquiera existe una zona de búsqueda y rescate libia donde los guardacostas puedan exigir la devolución.

El eurodiputado de ICV, Ernest Urtasun, mostró su respaldo a los activistas españoles durante la comparecencia de Leggeri: «El protocolo de la ONU contra el tráfico de migrantes establece que deben ser exentos de persecución los buques que hacen ayuda humanitaria. En la legislación europea esto se deja a discreción de los Estados miembros. ¿Cuál es su opinión?», le interpeló el catalán. «Las normas son muy claras» zanjó el italiano antes de advertir de que las llegadas de inmigrantes irregulares a España «están creciendo exponencialmente».