El Gobierno italiano retirará la concesión a la empresa que gestiona el puente de Génova

El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, ha anunciado que su Gobierno iniciará el procedimiento administrativo para retirarle la concesión a Autostrade per l'Italia, responsable de la autopista A10 y del puente Morandi que se vino abajo este martes en Génova.

El Ejecutivo ha celebrado un Consejo de Ministros extraordinario en Génova para analizar una «tragedia» en la que, según el último balance, perdieron la vida al menos 39 personas. Tal como ya habían amenazado varios ministros, Conte ha confirmado que pondrá fin a la concesión a Autostrade.

«No podemos esperar a lo que diga la Justicia», ha afirmado el primer ministro, que ha apelado a la necesidad de «viajar de forma segura» y a las obligaciones de Autostrade con el mantenimiento de la autopista A10 en todos sus tramos, según medios locales.

La firma había salido al paso de las críticas asegurando que se realizaron revisiones trimestrales de la infraestructura y no se detectaron problemas que hiciesen temer lo ocurrido el martes, cuando gran parte del viaducto -construido en los años sesenta- se vino abajo.

Por otra parte, Conte también ha anunciado la declaración del estado de emergencia en la zona de Génova durante un plazo de 12 meses, tal como habían solicitado en las últimas horas las autoridades locales. Asimismo, se desbloqueará un paquete inicial de 5 millones de euros para responder a las primeras necesidades.

El ministro de Transportes italiano, Danilo Toninelli, había reclamado también la dimisión de la cúpula directiva de Autostrade per l'Italia, la empresa filial de Atlantia.

«Lo primero de todo los directivos de Autostrade per l'Italia deben dimitir», ha sostenido Toninelli en un mensaje publicado en su perfil de Facebook, tras expresar su «rabia porque en un país civilizado no se puede morir por un puente que se derrumba».

El ministro, miembro del partido populista de izquierdas Movimiento 5 Estrellas, ha recalcado que quienes sean responsables de «esta tragedia injustificable deben ser castigados» y ha arremetido contra las empresas que gestionan las autopistas italianas, «a las que desembolsamos los peajes más caros de Europa mientras ellos pagan concesiones a precios vergonzosos».

«Recaudan miles de millones, pagan en impuestos unos pocos millones y no realizan ni siquiera el mantenimiento que sería necesario en puentes y ejes viarios», ha lamentado el titular de Transportes, anunciando que ha activado «todos los procedimientos para la eventual revocación de las concesiones, y para comenzar multas de hasta 150 millones de euros».

«Si no son capaces de gestionar nuestras autopistas, lo hará el Estado», ha asegurado Toninelli. El ministro de Transporte ha prometido además que el Gobierno de coalición pondrá en marcha «un verdadero 'Plan Marshall' para asegurar las infraestructuras, muchas de las cuales fueron construidas en los años 60 y 70».

El viceprimer ministro y líder de la Liga, Matteo Salvini, ha defendido por su parte que «la revocación de las concesiones es lo mínimo que se puede esperar» tras lo sucedido y que se identifique a los responsables. «Alguien no hizo lo que debía», ha subrayado, denunciando que se trata de una de las autopistas más caras de Italia y poniendo en duda que no hubiera indicios de que algo así podría suceder.

«Hay que retirar las concesiones y pagar multas»

Asimismo, en declaraciones a la cadena Sky, ha sostenido que el «Gobierno tiene la obligación de radiografiar y controlar todas las obras públicas en el país», incluidas las de gestión privada, e invertir en hacerlas seguras.

Por su parte, el también viceprimer ministro y líder del M5S, Luigi di Maio, ha defendido que el derrumbe «se podía evitar» puesto que «no se realizó el mantenimiento». «Los responsables tienen nombre y apellido y son Autostrade per l'Italia», ha subrayado Di Maio, en declaraciones a Radio Radical.

En este sentido, ha considerado que puesto que Autostrade no realizó el mantenimiento «hay que retirar las concesiones y pagar multas». Además, al igual que Toninelli, ha sostenido que si una empresa privada no es capaz de cumplir con su cometido, «lo gestionará el Estado».