Sarkozy se sentará en el banquillo de los acusados por corrupción

Nicolas Sarkozy tendrá el privilegio poco honroso de ser el primer expresidente de Francia en ser juzgado por corrupción desde la instauración de la V República en 1958. El político conservador se sentará en el banquillo en los próximos meses acusado de corrupción y tráfico de influencias en el llamado caso de las escuchas, después de que el Tribunal de Casación haya rechazado su última impugnación.

Solo queda conocer la fecha en la que arrancará el juicio contra Sarkozy, retirado de la primera línea política desde su derrota en las primarias conservadoras hace casi tres años. La investigación se dio por finalizada en el 2016 y los jueces de instrucción validaron que fueran sentados en el banquillo en marzo del 2018, pero esa decisión fue recurrida.

Pinchazo telefónico

Los magistrados habían pinchado el teléfono de Sarkozy ante las sospechas de que pudo recibir financiación del líder libio Moamar Gadafi durante la campaña que en el 2007 le llevó al palacio Elíseo, algo por lo que fue imputado el 21 de marzo del año pasado.

En esas escuchas descubrieron conversaciones entre el expresidente y su abogado de las que se deducía que trataban de obtener, a través del juez Gilbert Azibert, información secreta de otro sumario que investigaba si Liliane Bettencourt, heredera del imperio cosmético L’Oréal, había financiado ilegalmente su campaña electoral del 2012.

Algunas de esas conversaciones fueron publicadas en la prensa y dejaban entrever que Sarkozy estaba dispuesto a ayudar al juez a obtener un puesto en Mónaco a cambio de que influyera en la decisión del Tribunal Supremo sobre el caso Bettencourt. En marzo del 2016, la Justicia validó de forma definitiva la casi totalidad de las escuchas, lo que dejó abierta la vía para el juicio.

Sarkozy tiene pendiente además otro proceso por la presunta financiación irregular de su campaña a las presidenciales del 2012. Es el llamado caso Bygmalion, una supuesta trama de falsificación de facturas para ocultar gastos electorales y burlar así los límites legales, con la que, según la acusación, gastó al menos 42,8 millones de euros frente a los 22,5 millones autorizados.