Un youtuber, condenado a tres meses en Marruecos por difamación
Internacional
El activista, arrestado en el aeropuerto de Rabat cuando regresaba de Bruselas, fue acusado de atacar a funcionarios e instituciones públicas en sus grabaciones
25 Mar 2021. Actualizado a las 17:31 h.
Un youtuber con doble nacionalidad marroquí y estadounidense fue condenado este jueves en Marruecos a tres meses de prisión por «ultraje y difamación» a funcionarios e instituciones públicas en sus grabaciones en una cuenta de esa red social.
La abogada del activista Chafik Amrani explicó a Efe que a su cliente le faltan solo 15 días de prisión para cumplir su sentencia, dictada por el Tribunal de Primera Instancia de Casablanca, debido a que la condena contabiliza también el tiempo que ha pasado en detención preventiva.
Además, Amrani fue condenado al pago de 40.000 dirhams (unos 3.700 euros) en concepto de «indemnización a las partes», más 2.000 dirhams (190 euros) de multa.
El pasado 6 de febrero, la policía marroquí arrestó al youtuber, residente en Estados Unidos y que suele postear vídeos críticos con su país, en cuanto llegó al aeropuerto de Rabat procedente de Bruselas.
Chafik Amrani es muy activo en las redes con el alias Arobi fi Merican (un palurdo en América), desde las que lanza ácidas críticas contra todas las instituciones de su país.
El pasado diciembre Marruecos advirtió de que perseguiría judicialmente a sus ciudadanos que viven en el extranjero si practican «el ultraje y la difamación» a funcionarios públicos marroquíes y Amrani ha sido el primer destinatario de esta política.
La denuncia contra estas personas -cuyas identidades no se precisan- partió entonces de tres instituciones de seguridad y espionaje: Dirección General de la Seguridad Nacional (DGSN, policía), la de Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST, espionaje) y la Dirección General de Estudios y Documentación (DGED, contraespionaje).
En un comunicado conjunto, las tres instituciones subrayaron que los procesamientos afectarían a «individuos que residen en el extranjero» acusados de «ultraje a funcionarios públicos durante el ejercicio de su misión y contra instituciones», así como de «difamaciones y difusión de falsedades».