La expresidenta Áñez denuncia las torturas que sufre en prisión

Las alarmas de los organismos internacionales están encendidas en Bolivia. El país gobernado por Luis Arce, delfín de Evo Morales y exministro de Economía, vive una convulsión continua. La Justicia imputó a la expresidenta Áñez, quien sucedió al dirigente de Cochabamba para «pacificar el país» tras el supuesto fraude electoral, por delitos de terrorismo, conspiración y sedición. Desde la prisión, la exdirigente dio a conocer el martes una carta de su puño y letra denunciando los «abusos» y «torturas» perpetrados por la «dictadura». «Mis primeras palabras al pueblo boliviano desde la cárcel de la dictadura, son de ánimo y firmeza: esta es una lucha por la democracia y vamos a darla hasta el final», escribió desde el Centro de Orientación Femenina de Miraflores. La exdirigente opositora se encuentra bajo régimen de prisión preventiva decretado para los próximos seis meses mientras se desarrolla la investigación sobre su papel en el supuesto golpe de Estado.

«Torturaron a mis sobrinos (20 y 28 años) y amenazaron a mis familiares. […] Ya se llevaron mi libertad y ahora atentan contra mi salud», expresó la dirigente natural de la región de Beni, donde en la capital, Trinidad, se han celebrado manifestaciones para exigir su puesta en libertad. «Si llegan a matarme por uno u otro medio, solo quiero pedir al pueblo boliviano que vele por la seguridad de mis hijos y mi familia, y que Bolivia no se rinda jamás frente a la dictadura», denunció Áñez, quien podría enfrentarse a 30 años de prisión según la petición del ministro de Justicia, Iván Lima.

Fraude o golpe de Estado

El contexto actual en Bolivia surgió en las elecciones del 20 de octubre del 2019, cuando la candidatura de Evo Morales, que ya había cumplido los dos mandatos constitucionales permitidos y un plebiscito había rechazado su deseo de presentarse a una tercera reelección, salió vencedora con un margen estrecho. Pero, aquel día de elecciones, los líderes opositores denunciaron un fraude electoral. Se desató una revuelta social que se saldó con más de 30 muertos, y que provocó el exilio de Evo Morales y otros dirigentes a México y Argentina.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) presentó un informe sobre las actas electorales concluyendo la «manipulación» de los comicios. Por ello, Áñez expone en su carta: «Asumí la presidencia por sucesión constitucional para pacificar Bolivia. No hubo golpe, hubo fraude». En octubre del 2020 se repitieron las elecciones y el Movimiento al Socialismo, de Arce y Morales, recuperó el poder.

La Comisión Europea, la ONU, la OEA, Estados Unidos y, entre otros, el presidente de Chile, Sebastian Piñera, mostraron su preocupación sobre la situación. Ayer, el Gobierno de Estados Unidos pidió la liberación de los responsables detenidos del antiguo gobierno en funciones de Bolivia y manifestó su preocupación ante lo que percibe como un «comportamiento antidemocrático» en Bolivia, por supuestas acciones «ilegales» como torturas y trato inhumano.