Canadá indemnizará a los niños indígenas internados en centros de asimilación forzosa

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha prometido ayudas para los «supervivientes» de las internados para la asimilación forzosa de población india días después de que una investigación haya sacado a la luz los restos mortales de 215 menores de edad en una fosa común de este tipo de centros.

El Gobierno de Trudeau adelantó el lunes la medida bajo la presión generada tras el hallazgo anunciado la semana pasada por el jefe de la tribu india Tk'emlups te Secwepemc, y aseguró que en los próximos días se reunirá con su Gabinete para tomar nuevos pasos frente a este asunto.

«La gente está sufriendo y debemos estar ahí para los sobrevivientes», dijo el primer ministro, según recoge la televisión pública canadiense, CBC. «Lamentablemente, esto no es una excepción o un incidente aislado. No nos vamos a esconder de eso. Tenemos que reconocer la verdad. Las escuelas residenciales fueron una realidad, una tragedia que existió aquí, en nuestro país, y tenemos que reconocerlo», añadió Trudeau.

Un sistema «genocida»

Por su parte, diversas organizaciones están exigiendo acciones concretas gubernamentales y una investigación de todos estos centros. De hecho, el líder de la Asamblea de las Primeras Naciones, Perry Bellegarde, ha tildado este caso de «genocidio». «He dicho antes que el sistema de escuelas residenciales fue un genocidio contra las personas de las Primeras Naciones, los pueblos indígenas», dijo Bellegarde al diario canadiense The Globe and Mail, recoge Europa Press.

Este tipo de escuelas se crearon en los siglos XIX y XX para asimilar de forma forzosa a los jóvenes indios y estaban financiadas por el Estado y gestionadas por organizaciones religiosas. La de Kamloops era la más grande del país, abierta en 1890 bajo una administración católica, y acogía a unos 500 estudiantes en su momento álgido, en la década de 1950. En 1969 el Gobierno federal asumió su gestión y la convirtió en residencia estudiantil y así funcionó hasta su cierre, en 1978.

Entre 1863 y 1998 se calcula que más de 150.000 menores indígenas fueron arrancados de sus hogares e internados en estos colegios en los que no se les permitía hablar su idioma o manifestar su cultura y donde eran frecuentes maltratos y abusos.

Una comisión de investigación concluyó en el 2015 que muchos de los menores no regresaron jamás a sus comunidades y reconoció así un «genocidio cultural».

El Proyecto Niños Perdidos ha identificado hasta el momento a más de 4.100 menores fallecidos durante su estancia en los internados y muchos de ellos fueron sepultados en los propios recintos escolares.